El Partido Popular presenta un catálogo con más de 80 irregularidades urbanísticas en Marbella

El Partido Popular (PP) presentó ayer en el registro del Ayuntamiento de Marbella un catálogo de más de 80 irregularidades urbanísticas cometidas por el Grupo Independiente Liberal (GIL). Los populares exigen al alcalde marbellí, Julián Muñoz, que paralice los convenios pendientes de ejecución que sean contrarios a la legalidad vigente, y busque una solución a los proyectos consolidados. También le piden que se retome las negociaciones con la Junta sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), rechazado en dos ocasiones por la Administración autonómica.

Muchas de las irregularidades denunciadas por el PP son recientes, aunque la mayoría se refieren a edificios que ya han sido construidos e incluso ocupados, como la antigua fábrica de hielo y el de la familia del fallecido periodista Antonio Herrero. En definitiva, el listado comprende desde un equipamiento deportivo en Las Chapas, donde estaba previsto un campo de fútbol, y en cuyos terrenos se levantan ahora reclamos de una futura promoción inmobiliaria; o bloques ya terminados en la parcela de Banana Beach, que fueron paralizados en su día por orden del juez.

'Hemos presentado convenios y licencias que se deben rectificar', explicó la presidenta del PP de Marbella, Angeles Muñoz, que plantea entre otras cosas legalizar las construcciones irregulares. Insistió Muñoz en la necesidad de crear una comisión técnica integrada por profesionales independientes, responsables municipales y de la Junta de Andalucía, ciudadanos y partidos políticos para buscar una solución a las actuaciones contrarias al PGOU, y 'terminar con la situación de ilegalidad urbanística del municipio', que acumula el 62 % de todas las infracciones urbanísticas de la provincia y cuenta con 300 expedientes abiertos.

Pero sobre todo abogó porque se reanuden los contactos entre técnicos del gobierno andaluz y funcionarios municipales, que se encuentran interrumpidos desde hace ya varios meses pese a los constantes llamamientos por parte de los responsables de la comisión provincial de Urbanismo. 'Esperamos con impaciencia que el señor Salvo Tierra (delegado provincial de Urbanismo) se digne a sentarse con los representantes de este Ayuntamiento para hablar de desbloqueos, de futuro, de soluciones en definitiva, pero siempre en positivo', señalaba ayer un comunicado firmado por el nuevo portavoz del GIL, Alberto García Muñoz.

El edil gilista acusa a la Junta de adoptar 'una política negativa' con respecto a los planes generales de la provincia de Málaga, y se lamentó de que 'quizás haya que esperar hasta después de las elecciones' para tratar sobre la revisión del PGOU del municipio. Sin embargo, sus declaraciones se contradicen con la propia actividad del gobierno local para aprobar el planeamiento de la ciudad, habida cuenta de que todavía no han respondido a las más de 1.500 alegaciones presentadas por empresarios y particulares contra el documento, al que tampoco ha tenido acceso aún la comisión provincial de urbanismo.

'No sabemos que está pasando con la revisión del Plan General, ni a que atenernos', dijo Muñoz. Según la dirigente popular, la actual gestión urbanística ha llevado a los ciudadanos a multiplicar sus protestas ante las recientes licencias otorgadas por el partido de Jesús Gil. 'No vemos mal que se levanten edificios o se hagan viviendas siempre que estén de acuerdo con la legalidad, lleven aparejadas suficientes infraestructuras y tengan un orden y una planificación' dijo, y acusó al GIL de 'hacer las cosas en base al que da más dinero'.

Indicó la candidata popular que en las últimas semanas han recibido numerosas quejas de vecinos, 'que ven como en sitios destinados a equipamientos o zonas deportivas se anuncia la construcción de edificios y viviendas'. Muñoz puso varios ejemplos, como la parcela anexa al Palacio de Congresos en la que se contemplaba la ampliación del edificio y en la que se construye ahora un hotel; o la urbanización Xarblanca, donde se edifica sin reservar suelo para infraestructuras y equipamientos educativos y sanitarios.