El PSOE reclama una 'auditoría' del Gobierno sobre los nuevos barrios

'En la política de vivienda es donde el PP se retrata: el control sobre los abusos cometidos por las empresas es nulo'. La opinión del coordinador regional de IU, Fausto Fernández, resume la opinión de la oposición política ante el aumento imparable de los precios del suelo en los nuevos barrios (PAU). Además, PSOE e IU creen que los Gobiernos regional y local podrían hacer mucho más de lo que hacen para 'evitar y perseguir' estafas como la cometida supuestamente por la promotora Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV).

'La fórmula de las juntas de compensación ha fracasado, el caso CPV es el mejor ejemplo', afirmó ayer Rafael Simancas, secretario general del PSOE en Madrid. 'Sospechamos que el fraude es generalizado. El Gobierno debe realizar una auditoría en todos los nuevos barrios', agregó Simancas, que propuso además 'abrir una oficina pública en cada PAU para informar a los cooperativistas de sus derechos'.

Los nuevos barrios de Madrid están gestionados por la fórmula de la junta de compensación: particulares y empresas que poseen suelo en la zona se constituyen en junta y se reparten las parcelas de acuerdo con lo aportado por cada uno. Ahí es donde pueden producirse sucesivas compraventas que van encareciendo el precio del suelo. El Ayuntamiento se limita a exigir una pequeña parte del terreno y a imponer que el 55% de los pisos sea de precio protegido.

Consorcios

Un sistema alternativo es el de los consorcios, adoptado por la Comunidad en otros municipios: la Administración compra el terreno a sus dueños y luego lo vende a las promotoras a un precio político que no admite mejoras al alza. O bien respeta las parcelas de los particulares, pero imponiéndoles los plazos y las condiciones para construir los pisos. En la capital ha sido imposible instaurar este modelo, porque Comunidad y Ayuntamiento no se han puesto de acuerdo.

'Pero, una vez que los nuevos barrios están gestionados por juntas de compensación, el Ejecutivo regional sí puede, y debe, realizar inspecciones', subraya el coordinador de IU. Fuentes de la Comunidad replican que es poco lo que el Gobierno puede hacer. Entre otras cosas porque la nueva Ley del Suelo, que prevé la intervención del Gobierno si detecta irregularidades en la gestión del suelo, 'no es ya de aplicación en los nuevos barrios'.

PSOE e IU están pensando pedir la comparecencia del consejero de Urbanismo, Luis Eduardo Cortés, en la Asamblea para que dé explicaciones sobre el caso CPV. 'Por acción u omisión', el PP tiene responsabilidad en la presunta estafa, según Juan Ramón Sanz, portavoz de IU en la Cámara.