200 perjudicados por el 'caso CPV' planean su batalla legal para intentar recuperar su dinero

Trabar, recusar, embargar, avalar, estafar... A la angustia por haber perdido unos 18.000 euros de media, los afectados del caso CPV tienen que añadir ahora la que les produce un lenguaje desconocido para la mayoría. ¿Qué deben hacer ahora las 1.200 personas que han visto esfumarse su dinero? El terreno que compraron ya no existe. El dinero que entregaron no está, aparentemente, donde debía. Algunos pagan todavía las letras que firmaron con la empresa que les vendió la casa soñada. La asociación de afectados se reunió ayer para desenmarañar las vías legales. Reinó el desconcierto.

'¿Podremos construir algún día nuestras casas?', preguntó ayer uno de los damnificados del caso CPV (Comercializadora Peninsular de Viviendas) en la reunión que 200 de ellos mantuvieron en un hotel de la calle de O'Donnell, en la que no pararon de plantear dudas durante dos horas. Jubilados, jóvenes y amas de casa ocupaban las sillas. 'No hay terreno. Eso es definitivo', afirmó tajante el abogado Pedro López Arias, quien había acudido a petición de la asociación creada hace dos días por los afectados para explicar qué hacer ante la situación de indefensión e impotencia que sufren.

Un total de 1.200 familias se sienten estafadas por CPV, al descubrir que el dinero que habían pagado desde 1998 (unos 18.000 euros de media) se ha esfumado sin que nadie sepa nada ni de casas, ni de terrenos (la CPV ha vendido una parcela a terceros en una operación relámpago que le permitió ganar 1,4 millones de euros).

López Arias ya interpuso una querella a primeros de mes en nombre de seis de los damnificados (admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid). 'El suelo no nos lo podemos sacar de la chistera', concluía el abogado ante las caras desoladas de sus interlocutores, que un día soñaron con una casa en los nuevos barrios de Sanchinarro, Montecarmelo y Las Tablas.

'¿Se han investigado los bienes de los administradores?', cuestionaba otra de las personas, que se identificó como abogado amigo de un perjudicado. 'Si resulta que durante todo el procedimiento les da tiempo a hacer desaparecer todos sus bienes..., entonces sería muy dificil cobrar algún dinero', respondía López Arias ante el silencio de los presentes. '¿Se han tomado medidas?', insistía un tercero. 'Sí, hemos solicitado algunas investigaciones y la traba de bienes de la sociedad y personales, además de un posible embargo preventivo de los terrenos'. Caras de alivio.

Preguntas sin respuesta

'¿Pero nos devolverán el dinero y tendremos nuestras casas?', se oye de nuevo. Es la pregunta sin respuesta. Y así, una, dos, varias veces. López Arias habló, hipotéticamente, de cómo se puede ir desarrollando el asunto y recordó, para calmar los ánimos y sin mucho entusiasmo, el caso PSV (una cooperativa que agrupaba a unos 20.000 socios; algunos miles consiguieron sus viviendas con el paso del tiempo) ocurrido hace casi ya una década. Luego se detuvo a explicar con profusión de detalles las razones por las que en el caso CPV se debe usar preferentemente la vía penal, y no la civil (a ésta ya han recurrido un centenar de perjudicados). 'Las demandas civiles sólo sirven para colgarlas en un marco', afirmó el letrado. 'Pero ambas son igual de legítimas', añadió. Hay, sin embargo, indicios de delito, siguió el letrado. 'Los responsables de la empresa promotora no están cumpliendo lo prometido, no hay casas ni dinero...'.

Ahora, los afectados que se adhieran a la demanda penal deben probar con documento original la existencia de un contrato con CPV; aportar los documentos de pago, o las letras, o en su defecto, la certificación del banco que acredite los ingresos realizados, para interponer una querella 'por delito de estafa y alzamiento de bienes' contra Francisco Javier García Sánchez, Miguel Ángel García Sánchez y Miguel Ángel Morillo del Pozo, responsables de CPV. Los tres ya han sido citados, para el 13 de noviembre, por el juez de instrucción número 8 como imputados en una supuesta estafa.

'¿Los que estamos pagando letras debemos seguir haciéndolo?', inquiere uno de los que compraron suelo y proyecto en Montecarmelo. 'Deposítela en un juzgado; hay que solicitar al juez una medida cautelar para detener los pagos', responde el abogado López Arias. Así, entre dudas y esperanzas, entre el miedo a que los administradores de la promotora inmobiliaria se den a la fuga y entre la complicación de esos documentos que hay que compulsar en el notario, pagos y confusiones sobre lenguaje jurídico, se cerró la segunda reunión de la recién creada Asociación de Afectados de la CPV, que ya cuenta, incluso, con página web: www.usuarios.lycos.es/excpv.

Luis S., miembro de la asociación, se encargaba de recoger los datos de los que deseaban formar parte de ella. 'No me cuadran las cuentas', se queja mostrando decenas de folios con datos. 'Aquí hay muchas personas apuntadas, quizá más de 1.000, podrían ser incluso más de esos 1.200 que se supone están perjudicados'.

Otro de los asociados convocó a los demás a concentrarse cada noche ante la sede de la CPV, en la calle de Orense, 36, en protesta por lo sucedido. El vicepresidente de la Asociación General de Consumidores, Daniel Robles, anunció que ésta se personará como acusación popular 'para que se busquen todas las responsabilidades'.