La fobia a las antenas de móviles merma ya la cobertura telefónica

Los usuarios empiezan a notar la falta de servicio en algunas zonas

Las pérdidas de cobertura que anunciaban las operadoras de telefonía móvil en España son una realidad. No son apagones, sino pequeñas deficiencias que empiezan a notarse en algunas zonas. Las operadoras culpan de ello a las restricciones que ponen los ayuntamientos a las nuevas instalaciones, debido a la fobia social que causan. Alcaldes y vecinos esgrimen la falta de conclusiones sobre la inocuidad de las ondas electromagnéticas. Los clientes del servicio han aumentado un 100% en dos años y las antenas, sólo un 20%.

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Las dificultades para dar servicio se pusieron de manifiesto este verano en varias localidades costeras del Mediterráneo. En el norte de Castellón, en Torrevieja (Alicante) o en el norte de La Manga (Murcia) las operadoras aseguran haber cubierto el servicio gracias a unidades móviles que iban allí donde se detectaban deficiencias. Vicente Cotino, director de la red de Amena en la Comunidad Valenciana, explica que 'cada antena soporta un número de llamadas determinado y tiene un alcance determinado'. 'En los últimos dos años', prosigue, 'los clientes se han duplicado y la red ha crecido un 20%. Aparte, en esta zona se añade el impacto del turismo. Los clientes empiezan a percibir que baja la calidad'.

Las causas se buscan en la histeria desatada entre comunidades de vecinos de todo el país por los posibles efectos sobre la salud de las radiaciones que emiten las antenas. Este extremo no está demostrado, pero la realidad es que los ayuntamientos han paralizado la concesión de licencias para nuevas antenas.

Los alcaldes se enfrentan a presiones que exigen la retirada de las antenas y, después, a presiones por la falta de cobertura. Carmen Martínez, alcaldesa socialista de Quart de Poblet, en Castellón, se ha encontrado ya con protestas por la falta de servicio. 'Es algo que está pasando en muchos pueblos de aquí', asegura. 'Todo empezó por las quejas de la gente. La polémica sobre si las antenas eran perjudiciales o no acabó por desacreditar a las operadoras cuando ni siquiera había información al respecto'.Con la polémica ya en la calle, el Ministerio de Ciencia y Tecnología ordenó que se midieran las emisiones de todas las antenas cercanas a zonas habitadas. El plan ha medido las radiaciones de 23.000 antenas y ha costado 20 millones de euros a las operadoras, pero sirvió para certificar que todas cumplían los límites recomendados por la Unión Europea y recogidos en el real decreto de septiembre de 2001. Sin embargo, las competencias de urbanismo y medio ambiente son de los ayuntamientos, y ése es el escollo que las operadoras no pueden salvar. Si un alcalde no quiere las antenas, no se ponen.

Quart de Poblet tiene seis antenas en un casco urbano para 27.000 habitantes. 'Detectamos que tres no habían pedido licencia de obra, estaban ilegales y se desconectaron. Directamente se les cortó la luz', dice Martínez. 'Ahora lo que tenemos son quejas por falta de cobertura, sobre todo por parte de empresarios. Movistar, por ejemplo, no tiene ninguna antena en el casco urbano. Hoy por hoy, la gente tiene asumido que en el centro del pueblo no hay casi cobertura'.

Las operadoras manejan una lista de unos 500 municipios donde están en marcha normativas que ponen en peligro la calidad del servicio entre ellos ciudades como Lugo, Orense, Córdoba, Toledo. También se detecta el problema en Canarias. En total, un 15% de la red estaría en peligro de desaparecer como las antenas de Quart de Poblet.

Las consecuencias prácticas de esta situación las relata Vicente Sigalat, director de Informática y Telecomunicaciones de la empresa de bollería industrial Dulcesol, establecida en Alicante. 'Hace un par de años que estamos trabajando con Amena y ahora estamos teniendo problemas', dice Sigalat. 'El principal problema se da en la fábrica de Villalonga, donde la producción es de 24 horas. Eso obliga a tener localizados a los técnicos para que, si pasa cualquier cosa, acudan cuanto antes y no se pare la fábrica. Lo que suponía un avance para la calidad de vida de los técnicos se ha terminado, porque ahora hay zonas en las que están ilocalizables por falta de cobertura'. Para los técnicos de Dulcesol, la telefonía móvil se ha convertido de nuevo en telefonía fija.

Además, Sigalat señala que la falta de cobertura afecta también a la propia estrategia de la empresa, de 1.500 empleados, con dos plantas de producción y 15 delegaciones por toda España. 'Dependemos en gran parte del móvil. El 70% de las llamadas de la empresa se hacen con móvil y cada vez lo utilizamos más para transmitir datos en lugar de voz. Ahora es impensable montar una empresa sin una buena red de telefonía móvil, hasta el punto de que antes de montar una delegación en una zona nos planteamos la cobertura que hay. Cuando damos cuenta a Amena de los fallos, insisten en que se debe a la falta de red por la oposición de los ayuntamientos'.

Las mismas dificultades para plantear proyectos estratégicos tienen las operadoras. La inversión en telefonía GSM (los móviles más comunes) ha sido de 12.000 millones de euros. Este año la inversión en la red ha bajado un 60%. José Luis de Benito, director de Ubicaciones y Recursos de Telefónica Móviles (Movistar), cree que las verdaderas carencias de cobertura se verán en un año, con la nueva generación de móviles GPRS que ya está en el mercado. 'Cada envío de datos de GPRS equivale a cuatro llamadas de voz de las de ahora', dice De Benito. 'Si no podemos crear más red, llegará un momento en el que no podamos dar este servicio', sentencia. España tiene unos servicios de móvil envidiables, según los expertos. Cubren el 90% del territorio, donde vive el 99% de la población. De Benito calcula que hacen falta unas 3.000 antenas más por cada uno de los tres operadores para garantizar el 100%. Pero 'está todo paralizado'. 'Es muy raro el municipio donde nos permiten poner antenas', añade De Benito.

Unas 10.000 antenas de las 30.000 que hay en España están en procesos judiciales o administrativos, según información recopilada por Juan Manuel Román, responsable de la asociación Consumidores Vecinos, una de las más activas contra las antenas. Para Román, el debate sobre su salubridad no está cerrado, y la literatura sobre el tema le da la razón. Un estudio publicado este mismo jueves en la prestigiosa revista New Scientist arroja nuevas dudas sobre los efectos cancerígenos a largo plazo de las emisiones radioeléctricas. Sin embargo, una vez más, no es concluyente.

Así las cosas, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar en su oposición? Para empezar, seis asociaciones han presentado denuncias contra las operadoras por la campaña publicitaria que dice 'Hay 23.000 razones que demuestran que las antenas de telefonía móvil son seguras'. Les acusan de publicidad engañosa.

'Yo no estoy contra los móviles', explica Román, '¡si soy ususario desde hace años y gasto 40.000 pesetas al mes! Estamos en contra del progreso sin orden ni concierto'. Román es un cliente modelo que está deseando que lleguen los nuevos móviles: 'Será increíble mandar una foto, por ejemplo, para denunciar un atraco en el momento en que lo veo'. La reivindicación se resume en que 'si técnicamente es viable poner equipos con la intensidad mínima y se pueden integrar en el paisaje en vez de agredirlo, los ciudadanos lo aceptarían'.

Miles de agresiones al paisaje

Aparte del miedo a los posibles efectos sobre la salud de las antenas, hay otro tipo de efectos que sí están demostrados sin lugar a duda: los estéticos. Es una imagen habitual de la carretera ver tres antenas juntas cada pocos kilómetros, consecuencia de una competencia inicial feroz entre las operadoras, que querían tener su propia red.Las normativas regionales y municipales recogen restricciones que antes no había. Castilla-La Mancha presume de tener la regulación más restrictiva de Europa. Exige de las antenas emisiones 4.000 veces por debajo del mínimo actual y recoge recomendaciones ecologistas sobre su emplazamiento. Miguel Ángel Hernández, coordinador de Ecologistas en Acción en Castilla-La Mancha, explica: 'Hay pueblos que son patrimonio nacional y están destrozados por las antenas. Ahora eso se ha parado'. 'Hay dos cuestiones fundamentales a la hora de valorar el impacto: la propia antena y la infraestructura para colocarla (acceso e instalación auxiliar)', prosigue. 'Las mayores objeciones que hemos puesto han sido por los accesos. Para hacer el camino hasta la antena se retira la vegetación que existe. El impacto en zonas de montaña es muy importante. Muchas veces se encuentra la instalación antes por el camino de acceso que por la propia antena', dice Hernández. 'Prácticamente, cada una que vemos en el campo es un atentado ecológico. Se asume que tiene que estar, pero no que se instale de forma desordenada y sin control. Todos somos responsables de que hay que asumir cierto impacto medioambiental', añade. Recomienda 'utilizar el mismo emplazamiento para todos'.Esto es ahora obligatorio en Castilla-La Mancha, pero además las operadoras ya cuentan con ello. Según José Luis de Benito, 'ya hay acuerdos entre las tres empresas para corregirlo en un plazo de 10 años'.

Sobre la firma

Pablo Ximénez de Sandoval

Es editorialista de la sección de Opinión. Trabaja en EL PAÍS desde el año 2000 y ha desarrollado su carrera en Nacional e Internacional. En 2014, inauguró la corresponsalía en Los Ángeles, California, que ocupó hasta diciembre de 2020. Es de Madrid y es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense.

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