El Gobierno dará teleasistencia y cheques a personas necesitadas
La Comunidad asignará un trabajador social 'de cabecera' a cada persona que pida ayuda
El Gobierno regional garantizará a través de una nueva ley el derecho de todos los residentes en la Comunidad de Madrid con necesidades a recibir la asistencia de los servicios sociales. La creación de una tarjeta social complementaria a la sanitaria en la que se refleje la situación del afectado, la creación de la figura de un trabajador social de referencia que vele por los derechos de los ciudadanos, el servicio de teleasistencia domiciliaria a personas dependientes que vivan solas, y la creación de un cheque-servicio para hacer frente a ayudas domiciliarias, son algunos de los derechos que pretende ofrecer esta nueva ley.
El texto, que se encuentra en fase de anteproyecto, entrará en vigor a principios de año, según ha explicado la consejera de Servicios Sociales, Pilar Martínez. 'Estamos negociando la redacción definitiva con todos los partidos políticos y con las organizaciones y colectivos afectados porque queremos que el texto tenga un carácter universal y que se apruebe con el apoyo de todos los grupos', señaló.
Para poner en marcha esta ley, la consejería necesita un aumento de su presupuesto de un 14%. 'Es posible económicamente llevar a cabo todo el proyecto', añadió Martínez. La Consejería de Servicios Sociales recibirá 705,71 millones de euros el año 2003, según los presupuestos presentados el pasado jueves.
La Ley de Servicios Sociales del Gobierno regional contempla la creación de la figura del trabajador social de referencia (una especie de trabajador de cabecera) que según indica el anteproyecto, será el 'encargado de canalizar, articular y coordinar los distintos apoyos que debe recibir cada persona'. Sus funciones irán encaminadas a asegurar que tanto los diagnósticos sobre la persona afectada como los recursos que se aplicarán sean los adecuados.
Al acceder los ciudadanos al sistema público de servicios sociales, se les asignará un profesional de referencia, que en un principio se encargará de la atención primaria y que será diferente cuando se reciban atenciones más especializadas y concretas.
Esta propuesta de crear la figura de profesional de referencia también ha sido sugerida por el candidato socialista al Gobierno regional, Rafael Simancas. 'Me alegro de que la propuesta le parezca bien. Ojalá haga suya toda la ley', comentó ayer Pilar Martínez.
Todas las personas que reciban atención a cuenta de los servicios sociales regionales dispondrán de una tarjeta que les identificará como titulares de los derechos. 'Gracias a esta tarjeta, se podrán informatizar todos los datos de los beneficiarios de estos servicios de manera rápida y además se cruzarán con otros correspondientes a su historial sanitario', dice la consejera.
Ayuda económica
Esta nueva Ley de Servicios Sociales, en el apartado de prestaciones económicas, recoge la posibilidad de recibir lo que se ha denominado como cheque-servicio, que es una modalidad de ayuda otorgada a personas o a familias para que con ella se atienda al pago de centros o servicios que hayan sido previamente prescritos. 'Con este cheque-servicio se puede pagar, por ejemplo, a un profesional que durante ocho horas cuide de una persona cuya familia no pueda por alguna razón hacerse cargo de ellla', explica Martínez. El texto de la nueva ley hace especial hincapié en la regulación de la atención social a personas dependientes. Para esta población se prevé facilitar la atención domiciliaria intensiva, plazas en centros de día, atención residencial y ayudas técnicas para facilitar la permanencia en el propio domicilio a quienes así lo deseen.
'El objetivo', explica Pilar Martínez, 'es conseguir en un plazo prudencial que toda persona en situación de dependencia grave o severa disponga de los servicios necesarios para su mejor cuidado. Para ello, el anteproyecto de ley ya señala que se elaborará un Plan de Atención Social a la Dependencia en el que se fijará, entre otras cosas, su financiación, distribución territorial y calendario de implantación'.
Para estas personas calificadas como 'dependientes' y para aquellas que vivan en soledad, la consejería de Servicios Sociales ha desarrollado un proyecto para llevar de manera gratuita a todos los hogares la teleasistencia, que actualmente la proporcionan los ayuntamientos a los que la solicitan a cambio de pagar una pequeña cantidad.
Pilar Martínez anuncia que tanto a través de esta ley como en el plan de mayores, la teleasistencia se va a convertir en una pieza clave para la prestación de ayudas: 'Estamos trabajando en un programa muy ambicioso de teleasistencia diferente al que hay, ya que este sistema es un instrumento fundamental para la atención y apoyo que permite la detección de situaciones de crisis y la intervención inmediata de los profesionales'.
Esta nueva ley contempla que la atención primaria corresponda a los ayuntamientos. 'Pero en un segundo escalón, las competencias corren a cargo del Gobierno regional, si bien está contemplada la posibilidad de que los ayuntamientos reclamen más competencias. Entonces se les darán los medios y la financiación necesaria'.
El Gobierno ha destinado en los presupuestos aprobados el pasado jueves en el Consejo de Gobierno 705,71 millones a la Consejería de Servicios Sociales, frente a los 613,01 millones de 2002, lo que supone un incremento de un 15,1%. La consejera asegura que la puesta en marcha de esta ley es posible, que hay dinero para ello: 'Con un 14% de aumento en los presupuestos estamos en disposición de desarrollar todos los objetivos planteados. Además, el texto contempla la posibilidad de realizar planes estratégicos por tres años', añade.
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