600 afectados de la CPV protestan por el fraude y buscan abogados comunes

Unas 600 de las 1.200 familias afectadas por el supuesto fraude de la promotora Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV) en los nuevos barrios de Las Tablas, Montecarmelo y Sanchinarro se concentraron ayer en un hotel de Madrid para protestar por su situación y buscar abogados comunes. Los afectados, que están recogiendo firmas para exigir que les reciba el presidente del Gobierno regional, Alberto Ruiz-Gallardón, volverán a concentrarse hoy a las cuatro de la tarde en el PAU de Las Tablas.

Dos juzgados de Madrid, uno de lo civil y otro de instrucción, investigan en la actualidad el supuesto fraude cometido por la promotora. Los afectados afirman que en 1998 anticiparon sus ahorros a CPV -una media de 18.000 euros- a cambio de una vivienda en los citados barrios. Y se quejan de que ahora, cuatro años después, la inmobiliaria ha devuelto el dinero a 940 familias, sin interés alguno y después de muchos mareos, tras reconocer que no dispone de terreno para construir las casas. En otros casos, la CPV ha devuelto las sumas ingresadas, pero con pagarés sin fondos. En estos barrios el suelo cuesta hoy más del doble que en el año 1998.

La candidata socialista a la alcaldía de Madrid, Trinidad Jiménez, responsabilizó ayer al alcalde, José María Álvarez del Manzano, y al presidente Alberto Ruiz-Gallardón de la 'dramática situación' por la que atraviesan las 1.200 personas que anticiparon su dinero a CPV. Durante una rueda de prensa, Jiménez se refirió a las 1.200 familias madrileñas que han dedicado 'su dinero y su esfuerzo a comprar una vivienda y ahora se les dice que nunca se van a construir'. 'Esto es consecuencia de la política urbanística del señor Manzano y de Gallardón, que han dejado la ciudad en manos de los promotores sin ningún tipo de control público', dijo.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Ignacio del Río, salió ayer al paso de las acusaciones lanzadas por Rafael Simancas, candidato del PSOE a la Comunidad. Simancas asegura que la culpa de la gran especulación que soporta el suelo de los nuevos barrios se debe a que desde el Ayuntamiento se practica la fórmula de la junta de compensación para los desarrollos urbanísticos. El PSOE apuesta por el consorcio, que deja actuar a la iniciativa privada pero manteniendo un control público del suelo. 'Para hacer consorcios hay que expropiar suelo, y eso supone un coste que debe asumir la Administración y un retraso en los desarrollos urbanísticos', señala del Río. Según este edil, la figura de la junta de compensación es tan legal como la del consorcio y es la que ha propiciado que ya 'haya 15.000 viviendas en los nuevos PAU'.

Actuaciones

Mientras, los abogados que ya han emprendido acciones judiciales contra CPV informaron ayer a los afectados de las ventajas e inconvenientes de actuar por la vía civil o penal contra los directivos de esta promotora. Luis Botella, letrado de 30 de los inversores, advirtió de que sólo la promotora conoce la cuantía a la que asciende el supuesto fraude, si bien aventuró que éste puede rondar los 30 millones de euros, que es la cantidad por la que CPV constituyó el aval bancario con los depósitos entregados a cuenta. Avales que CPV suscribió con una empresa italiana semifantasma. Botella avanzó que mañana, lunes, irá al juzgado para pedir el embargo de dos fincas descubiertas a CPV.

Botella señaló que estudia la posibilidad de solicitar al juez que el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid sean declarados responsables subsidiarios de este supuesto fraude, puesto que en el origen del problema, dijo, pudo estar 'el retraso en la concesión de las licencias urbanísticas', lo que ha derivado en un 'encarecimiento brutal del precio del suelo' sobre el que se iban a construir los pisos. Explicó que hubo empresas que comenzaron a vender los pisos en 1998 pensando en empezar a construir al año siguiente, y que no ha sido así porque las correspondientes licencias se concedieron en el año 2001 o incluso en el 2002, cuando resultaba mucho más caro construir las viviendas.