Arbitrariedad

De nuevo, los secretarios regionales de CC OO y UGT anuncian movilizaciones contra el Gobierno del PP, en un intento de que a los trabajadores eventuales del campo se les restituya el subsidio agrario. De nuevo, Andalucía va a ser el escenario en el que con toda seguridad se desarrollen manifestaciones y huelgas, y los ciudadanos van a soportar una actuación que, lógicamente, va a alterar su vida diaria.

Tal vez en la historia de las movilizaciones sea difícil encontrar un caso más esperpéntico que haya producido mayor conflictividad por la actuación de un Gobierno a la hora de ejercer su poder.

Normalmente, cuando se ejerce como gobierno, las disposiciones que se dictan van dirigidas a la consecución de un fin que beneficie a la sociedad, aunque un sector de la misma pueda ver dañados sus intereses. Pues, por poco que se analice el Real Decreto, no se comprende muy bien qué beneficio va a conseguir la sociedad agraria andaluza que obligue a soportar a los trabajadores eventuales el sacrificio que les supone la pérdida de un subsidio. Este subsidio sólo es un escaso complemento de renta que ayuda a sobrevivir en épocas en que no existen campañas que les permitan trabajar, al tiempo que posibilita que el campo reciba su trabajo en aquellas otras épocas que exige cuidados.

Con esta realidad la supresión del subsidio no responde a finalidad alguna. Lo único que puede conseguir es desarmar al campo de unos trabajadores tan necesarios como el propio campo ya que, sin uno con otros, ambos pueden desaparecer.

Se trata de una decisión de gobierno que no se entiende desde el punto de vista socioeconómico. Menos, aún, cuando se trata de justificar con la eliminación de un fraude tan escaso como la cuantía del subsidio, lo que nada tiene que ver con la adopción de medidas económicas que afectan a todo un colectivo y que deben de adoptarse en función de sus intereses y de sus derechos, que es lo que no hace el Real Decreto que suprime el subsidio.

Con estas circunstancias, la convocatoria de los sindicatos está más que justificada. Esperemos que el Gobierno sepa rectificar, y no sean necesarias unas manifestaciones que lo único que persiguen es que unos trabajadores puedan seguir viviendo en situaciones de necesidad.