El Gobierno justificó la alta transformación de lino en el trabajo gratuito de los agricultores

La Comisión Europea refutó el pasado 11 de octubre todos los argumentos utilizados por el Gobierno español para minimizar el alcance del fraude del lino. Algunas de las razones que intentaban explicar rendimientos inverosímiles de la plantilla y de la maquinaria ya habían sido pulverizados por la Fiscalía Anticorrupción, Castilla-La Mancha y la OLAF (Unidad Antifraude de la UE) tras ser esgrimidos por los implicados. Excepto uno, que era nuevo. El Gobierno español justificó el alto rendimiento de las transformadoras en que utilizaron como mano de obra gratuita a los agricultores.

La Comisión Europea, aparte de cifrar el castigo por el fraude del lino en una reducción de 99 millones de euros en la financiación, desgrana los argumentos españoles y los contraargumentos comunitarios para justificar tan drástica sanción. El Gobierno español invocó el 20 de diciembre de 2001 que la 'decisión final frente a España sólo podría adoptarse una vez concluida la investigación de la OLAF'. La UE recuerda que la 'OLAF presentó su informe final a las autoridades españolas el 19 de marzo de 2001'.

La UE refresca la memoria del Gobierno español en otro punto. Le recrimina que cuestione un informe de la OLAF en cuya elaboración participó: 'Las autoridades nacionales y regionales participaron en todos los controles y firmaron, con entera libertad y sin añadir observaciones, los informes de control y verificación elaborados tras cada visita a empresas de transformación'. La misiva desbarata otro pilar de la argumentación del Gobierno español: los resultados de los 'nuevos controles efectuados por las autoridades españolas en las mismas unidades de transformación a las que se refiere el informe de la OLAF'. La Comisión Europea es rotunda: 'Tales verificaciones carecen por completo de valor porque fueron efectuadas mucho después de la investigación realizada por la OLAF y, sobre todo, no estuvo presente funcionario europeo alguno'.

Para rebatir la afirmación de la OLAF de que la plantilla oficial de las transformadoras era insuficiente para transformar las cantidades de lino invocadas, el Gobierno español argumentó 'que algunos agricultores trabajaban gratuitamente en las unidades de transformación, so pretexto de obtener reducciones sobre el precio de transformación, lo que permitiría sobradamente la transformación de las cantidades mencionadas'. La UE lo refuta con ironía: 'Las autoridades españolas confirman indirectamente las conclusiones de la OLAF, con arreglo a las cuales para el correcto funcionamiento de las instalaciones se requería personal suplementario (los agricultores), aparte de los trabajadores declarados a la Seguridad Social'. La UE recuerda que en el primer anexo aportado por España no se esgrimía esta mano de obra oculta, adicional y gratuita. El informe comunitario descalifica esta línea argumental: 'Las autoridades españolas sólo se apoyan en este argumento con una única unidad de transformación, respecto de la que afirman disponer de contratos que establecen la gratuidad de la citada mano de obra a cambio de un descuento sobre el precio de transformación'. Esos contratos 'nunca han sido mostrados ni remitidos a la OLAF'.

Por contra, 'las autoridades españolas pasan totalmente por alto algunas otras circunstancias expuestas en el informe de la OLAF, lo que viene a corroborar y reforzar la conclusión a que ha llegado: la existencia de un fraude generalizado en la producción del lino textil'. Entre los graves extremos no refutados se hallan los siguientes: expedición de facturas ficticias de cuatro millones de kilos; diferencias inexplicables en cuanto al rendimiento paja/fibra de una campaña a otra.

El varapalo final no tiene ambigüedades: 'Las autoridades españolas han permitido que el sector y sus agentes utilicen la legislación comunitaria de tal modo que se ha pagado a los productores españoles de tres comunidades una ayuda superior a la que les correspondía'. Incluso se achaca cierta pasividad: las deficiencias en los controles ya detectados en 1993 y el galopante crecimiento del cultivo del lino 'no movieron a las autoridades españolas a adoptar nuevas y eficaces medidas de control'.