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El fiscal atribuye 6 delitos a los imputados en el 'caso Pallerols' por la financiación de Unió

Prevaricación, malversación, cohecho, falsedad documental, tráfico de influencias y fraude de subvenciones. Esos son los supuestos delitos que, en opinión del fiscal, cometieron los imputados en el llamado caso Pallerols, sobre presunta financiación irregular de Unió Democràtica de Catalunya (UDC) con las subvenciones otorgadas para cursos de formación de parados. El fiscal hace estas consideraciones en un escrito dirigido a la juez que se conoció ayer al levantarse el secreto del sumario. El fiscal solicitaba varias pruebas, entre ellas el pinchazo de los teléfonos de los imputados.

El escrito del fiscal anticorrupción Carlos Ramos lleva fecha del 27 de junio y fue aceptado por la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, Silvia López. El secreto de las actuaciones fue prorrogado en dos ocasiones durante el pasado verano y se levantó el pasado lunes. Ayer fue el primer día que las partes tuvieron acceso a esas diligencias, entre ellas el escrito del fiscal.

Las pruebas solicitadas por el fiscal ya han concluido y, según fuentes judiciales, han servido para demostrar unos supuestos pagos del empresario andorrano Fidel Pallerols a personas vinculadas a Unió o bien para financiar el mobiliario y los equipos informáticos de las sedes del partido en el barrio de Sants de Barcelona y en la localidad de Vilanova i la Geltrú.

La tesis de la fiscalía, asumida por la juez instructora, es que el 10% de las subvenciones otorgadas por el Departamento de Trabajo entre 1995 y 2000 a los centros de formación de Pallerols, el llamado grupo CEI, se desviaron para financiar al partido democristiano. El diputado socialista en el Parlament Josep Maria Rañé cuantificó el pasado mes de abril esas subvenciones en 839.152 euros. La cartera de Trabajo del Gobierno catalán siempre ha estado en manos de Unió Democràtica, el partido que encabeza Josep Antoni Duran Lleida.

La fiscalía concreta la conducta de los seis principales inculpados en el caso y afirma que existen 'abundantes y evidentes indicios' de que pudieron cometer los citados delitos. Así, el fiscal señala que Vicenç Gavaldà, que era el secretario de organización de Unió cuando ocurrieron los hechos, era la persona que 'contacta, intermedia y liquida con Fidel Pallerols el 10% de las subvenciones'.

De su hermano Lluís Gavaldà, también militante de UDC, el fiscal explica que era el director general de Trabajo de la Generalitat y socio de la empresa Euro Bras, también participada por Pallerols. Finalmente, de Dolors Llorens, subdirectora de empleo en la época, y de Juan Martín Toribio, funcionario del mismo departamento, el fiscal afirma que 'eran personas de contacto' de Pallerols en el Departamento de Trabajo. Llorens pertenece en la actualidad al comité de gobierno de Unió.

Jordi Casas, portavoz de UDC, afirmó ayer que 'Unió, como organización, nunca ha recibido ningún tipo de financiación irregular' y recordó que, cuando se descubrió el caso, el partido fue 'investigado' por una 'comisión de expertos independientes', que llegó a la misma conclusión. La comisión fue nombrada por el propio partido. Casas añadió que su partido confía en que 'al final, la sentencia sobre el caso haga bueno ese informe' y precisó que, después del levantamiento del secreto del sumario, no ven 'ningún elemento nuevo que implique a Unió'.

En otro apartado del informe, el fiscal asegura que Duran Lleida y los actuales miembros del Comité de Gobierno de Unió Araceli Vendrell y Carme Drópez provocaron 'un claro efecto intimidatorio y condicionante' cuando se querellaron contra Susana Díaz, una testigo del caso que declaró que el actual senador de UDC Josep Sánchez Llibre le había ofrecido un abogado del partido para que la acompañase a declarar. Esa querella ni siquiera fue admitida a trámite. El portavoz Jordi Casas replicó ayer: 'Que nos diga el señor fiscal cómo podemos defendernos cuando se nos hacen imputaciones falsas'.

Entre los documentos que se conocieron ayer figuran unas conversaciones recientes de Vicenç Gavaldà en las que explica, a su interlocutor, apodado Meni, que 'sí se ha financiado Unió ilegalmente', según la transcripción realizada por la Guardia Civil. Meni, a quien fuentes judiciales identificaron como Eugeni Pérez Moreno, consejero de CiU en la Corporación Catalana de Radio y Televisión, afirma en esa conversación que 'Unió no se ha financiado ilegalmente, se han financiado una serie de personas y con esta financiación han dado voluntariamente una parte a Unió'. La conversación tuvo lugar el 28 de junio. Jordi Casas afirmó ayer con relación a esta conversación que desconocía la identidad de Meni.

En otra de las conversaciones interceptadas por el juzgado Vicenç Gavaldà habla con su abogado, Manuel González Peeters en tono jocoso sobre la vida privada de Duran Lleida. En un momento de la conversación, según la transcripción literal de la cinta, el abogado pregunta también en el mismo tono distendido a su cliente '¿Cuánto te han pagado el Duran y el Sánchez Llibre ya?'. Gavaldà responde que 'trescientos' (millones de pesetas) y el letrado le replica: 'Pero ¿no me dijiste que nada más te habían dado doscientos?'. Su cliente responde: 'He apretado un poco más'. A continuación Gavaldà explica: 'He tenido que pactar con todos' y menciona a Dolors Llorens y Pallerols. Jordi Casas, afirmó ayer que le producía vergüenza leer el contenido de esas declaraciones.

Abogado y cliente

El abogado Manuel González Peeters aseguró ayer que 'la relación del abogado con su cliente queda protegida por las normas y garantías que van más allá de las ordinarias referidas a la intimidad' y añadió que 'ese material, eventualmente reproducido, amén de inocuo por la jocosidad que lo inspira, es nulo'.

El fiscal explicaba en su escrito que la intervención telefónica permitiría 'la localización y posterior incautación judicial de documentación trascendente, acreditativa de los hechos y sus responsables'. En este sentido, el fiscal recuerda que parte de la documentación de la sociedad Building Catalunya SL intervenida en su día en un registro realizado en Andorra se extravió y nunca más se supo de ella.

El 10% de las subvenciones

El escrito del fiscal realiza una radiografía muy clara de lo que, en su opinión, es el caso Pallerols.

'Nos hallamos en el marco de unas diligencias previas basadas en pruebas y datos fácticos claros. (...) La causa penal se centra en el otorgamiento por el Departamento de Trabajo de subvenciones públicas para impartir cursos de formación ocupacional existiendo indicios de que gran parte de los mismos no se dan en realidad, pese a lo cual se falsean las listas de asistencia de alumnos a fin de aparentar su regularidad, en el desvío de un 10% del importe anual de las subvenciones percibidas por las sociedades del grupo CEI a la financiación del partido político en el que militan los mismos cargos del Departament que conceden y tramitan las subvenciones, en el pago por el perceptor de las subvenciones (Fidel Pallerols, grupo CEI) de gastos generados por determinadas actividades de estos altos cargos del Departamento y en la manipulación de las bases informáticas oficiales que gestionaban los cursos subvencionados'.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 25 de octubre de 2002

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