Ediles de Mutriku discrepan sobre el delito electoral que les imputa el fiscal

El Juzgado de lo Penal número 1 de San Sebastián acogió ayer el juicio contra nueve de los once concejales que formaban la corporación de Mutriku en 2000: cuatro de la suspendida Batasuna, incluido el alcalde, José Agustín Elezgarai; cuatro del PNV y uno de EA. El fiscal les acusa de un delito electoral por haber aprobado la petición de algunos vecinos de ser excluidos como miembros de mesas electorales en las generales de 2001. Al menos tres de los ediles dejaron posteriormente sus cargos.

Los concejales de Batasuna (entonces EH) y de EA procesados admitieron que aprobaron la petición de algunos vecinos, pero que no fueron conscientes de estar cometiendo un delito. Los ediles del PNV negaron, en cambio, que diesen su visto bueno a la decisión.

El Ministerio Público les acusa a todos ellos de un delito electoral o, alternativamente, del mismo delito en grado de tentativa, ya que la decisión no tuvo efecto pues ninguno de los solicitantes llegó a ser elegido miembro de una mesa electoral en el correspondiente sorteo.

El fiscal, que pide para cada acusado 11 fines de semana de arresto, seis meses de multa a 12 euros diarios y año de inhabilitación especial para cargo público, sostiene que los imputados participaron en un pleno extraordinario en febrero de 2000 donde decidieron la exclusión de las mesas de quienes así lo pidiesen. Las defensas de los procesados solicitan la absolución. El juicio quedó ayer visto para sentencia.

Los testimonios de los ediles de Batasuna y EA se centraron en que la secretaria municipal no les informó de que la decisión plenaria era ilegal. Los del PNV argumentaron, sin embargo, que la funcionaria sí advirtió de la ilegalidad, pero ellos no aprobaron la decisión.

Acta

Los concejales de Batasuna y EA relataron que la secretaria les informó en el pleno de que 'algunos vecinos' habían presentado escritos manifestando su deseo de no participar en las mesas electorales acogiéndose a 'los derechos humanos recogidos por la ONU', según los ediles, quienes insistieron que la secretaria no les especificó que estuvieran cometiendo una ilegalidad o un delito electoral. Estos ediles agregaron que el pleno aprobó la petición de los vecinos, pero admitieron que lo hizo sin someterla a votación y sin ningún pronunciamiento en contra, algo 'habitual' en otros casos.

Los procesados del PNV aseguraron, en cambio, que no interpretaron que la exclusión se hubiera aprobado formalmente. Así lo hicieron contar un año después cuando, al ser aprobada el acta de aquel pleno, votaron en contra. Un edil peneuvista argumentó que 'la secretaria en ningún momento se dirigió a los portavoces de los grupos para recabar su postura', pero dijo que sí les informó de que era una 'ilegalidad'.

La secretaria testificó que, tras consultar con la Junta Electoral, informó al pleno de la ilegalidad, aunque sin especificar que era un delito electoral. También reconoció que no preguntó a los partidos al entender que la decisión quedaba aprobada 'por unanimidad' porque 'nadie se opuso'.