La izquierda critica con dureza la nueva ley de seguridad francesa

La cúpula del partido socialista se unió ayer a las asociaciones de derechos humanos y otros grupos de izquierda, que han denunciado el proyecto de Ley de Seguridad Interior como 'la criminalización de sectores enteros' de la sociedad francesa, en especial los más desfavorecidos: mendigos, prostitutas, nómadas u okupas. El proyecto fue aprobado en Consejo de Ministros y los principales tenores del Gobierno insistieron en que la izquierda 'caricaturiza el debate' y sostuvieron que esa ley se limita a responder a las preocupaciones expresadas por las capas populares durante las últimas elecciones.

El partido socialista ha elegido oponerse 'globalmente' a la nueva ley, según comunicó el ex ministro de Interior, Daniel Vaillant. Pero este último, lejos de contestar la filosofía represiva del proyecto, prefirió ironizar sobre algunos de sus aspectos prácticos. Por ejemplo, se preguntó 'cómo podrán los policías ver la diferencia entre una mujer que se prostituye y otra en minifalda', a propósito del nuevo delito de prostitución por 'incitación pasiva', que la ley de Sarkozy penaliza con seis meses de prisión y 3.750 euros de multa.

La prostitución callejera estaba castigada en Francia sólo con multa, cuando se trataba de una oferta activa de servicios sexuales; pero la nueva ley podría conducir directamente a la cárcel a mujeres en función de su 'vestimenta o su actitud', dice la ley, si la autoridad considera que la finalidad es incitar a otro a aceptar sus servicios sexuales. Esto 'va a crear situaciones inextricables', predijo el ex ministro de Interior.

Sin unanimidad

Pero las filas socialistas no son unánimes en absoluto. Es el caso de Jean-Marie Bockel, alcalde socialista de Mulhouse (110.000): el texto del Gobierno 'tiene defectos', pero 'no es una ley antipobres' y las 34 organizaciones que así lo afirman 'no responden a una inspiración pragmática', sino a una izquierda que 'ha perdido completamente contacto con la realidad vivida por las gentes'. Poco que ver con Julián Dray, comprometido con la corriente más a la izquierda dentro del partido socialista, quien reprocha al Gobierno 'haber escogido la represión al 100%', olvidando la prevención.

Las brechas abiertas en las filas socialistas fueron aprovechadas por el Gobierno para agrandar las heridas. 'Considero bastante desolador que una buena parte del partido socialista vaya completamente a remolque de una pequeña fracción de la extrema izquierda, que ha dicho muchas tonterías', afirmó el ministro de Justicia, Dominique Perben.

El proyecto aprobado ha sido aligerado de ciertas disposiciones, pero en lo esencial mantiene las propuestas del ministro del Interior, Nicolas Sarkozy. Por ejemplo, la penalización de amenazas a numerosas autoridades y sus familias: dos años de cárcel y 30.000 euros de multa a los que amenacen a magistrados, jurados, abogados, gendarmes, policías, aduaneros, vigilantes de prisiones y guardianes de inmuebles. Si la amenaza es de muerte, la pena se eleva a cinco años de cárcel y 75.000 euros. El hecho de instalarse en un terreno privado, o en uno comunal fuera de las áreas de acampada, genera seis meses de cárcel y 3.750 euros de multa. Agruparse en los vestíbulos o escaleras de los inmuebles es susceptible de dos meses de prisión y 3.750 euros de multa, si eso impide la libre circulación en las partes comunes.

Se mantiene la posibilidad de incluir en ficheros policiales todas las informaciones nominativas que afecten a personas procesadas, que sólo serán borradas en caso de absolución. El fichero de huellas genéticas, hasta ahora reservado a delincuentes sexuales condenados en firme, se extiende a otros muchos delitos de violencia contra las personas, y también contra los bienes.