El Gobierno estudia mejorar las pensiones de los prejubilados

El Gobierno está estudiando fórmulas para mejorar la situación económica de los prejubilados, personas que han sido expulsadas del mercado laboral antes de los 60 años. Para ello, el Ejecutivo se plantea reducir la penalización que se aplica a su pensión cuando alcanzan la edad de jubilación anticipada (entre los 60 y los 65 años), pero sólo para quienes hayan abandonado su trabajo de manera forzosa.

Los prejubilados conforman un colectivo sin cobertura legal y, en la práctica, equiparados a la figura del parado. En los casos en que perciben algún tipo de subsidio, suelen mantenerlo hasta que alcanzan la edad legal para acogerse a la jubilación anticipada (60 años). Lo que pretende el Gobierno es que la penalización que se aplica a la pensión por jubilarse antes de tiempo sea menor para este colectivo, según explicó ayer el secretario de Estado de la Seguridad Social, Gerardo Camps.

Hasta 2001, la jubilación anticipada estaba penalizada con un 8% de recorte de la pensión por cada año de anticipación en la retirada del mercado laboral. Con el pacto de pensiones firmado el año pasado, ese coeficiente se redujo hasta el 6% para quienes hubieran cotizado 40 años. Lo que estudia el Gobierno es permitir que todos los prejubilados forzosos puedan acogerse a los coeficientes aprobados en 2001, aunque se hubieran retirado antes de esa fecha.

Gerardo Camps, que compareció en la Comisión no permanente del Pacto de Toledo (acuerdo que alcanzó el Parlamento en 1995 para garantizar el futuro de las pensiones), aseguró que el Gobierno está manteniendo reuniones con diferentes colectivos de prejubilados para establecer el modo de mejorar sus pensiones. 'Dado el número de jubilados anticipados y la manera tan distinta de expulsión o de abandono voluntario, tenemos que empezar a hacer un esfuerzo por aquel colectivo que saliera en peor condición', señaló el secretario de Estado.

Ausencia de datos

Delimitar quiénes han salido del mercado de trabajo contra su voluntad supone una labor compleja. Oficialmente no existen datos sobre prejubilaciones. Los sindicatos manejan la cifra de unos 90.000 sólo en los sectores del metal y la construcción. El Inem contabilizaba 48.944 en 1999, pero este dato sólo abarca a los que recibían el subsidio de desempleo. Lo que sí ofrece el Ministerio de Trabajo son cifras de jubilaciones anticipadas, que ascienden a 1.200.000, incluidas tanto las voluntarias como las forzosas.

Sobre el periodo de cálculo de la pensión, actualmente fijado en los 15 últimos años de vida laboral, Camps no aclaró si el Gobierno pretende ampliarlo a toda la vida laboral o si sólo se incrementará unos años. Este aspecto tendrá que abordarse en 2003, según el pacto de pensiones firmado en 2001 entre el Gobierno, CC OO y la CEOE. La diputada socialista Isabel López Chamosa advirtió a Camps de que, según su estimación, extender el cálculo de la pensión a la vida laboral supondría reducirla un 20%. Camps aseguró que el cálculo no perjudicará a quienes se jubilen próximamente.

El responsable de Seguridad Social cifró en 1.142 millones de euros la cantidad destinada a aumentar las pensiones de viudedad entre 2001 y 2004.