Acusados del motín de Fontcalent se niegan a declarar por videoconferencia

La mayoría de los 20 presos procesados por el motín de la cárcel de Fontcalent rehusó ayer declarar por el sistema de videoconferencia. La actitud de los imputados, para los que el fiscal pide penas que oscilan entre 36 y 179 años, no frustró el inicio de la vista oral por esta revuelta carcelaria de 1990 que acabó con el asesinato de un interno. Las defensas pidieron la suspensión de la vista oral porque no se garantizaban los derechos procesales de los imputados. El tribunal rechazó la petición y justificó el sistema de videoconferencia en aras de la seguridad del juicio.

'No quiero declarar y no reconozco al tribunal', fue la respuesta casi unánime de los 15 internos procesados, instalados en una sala de la cárcel de Fontcalent, al tribunal, ubicado en el salón de actos del palacio de justicia de Alicante. Los imputados -entre ellos presos considerados muy peligrosos que cumplen largas condenas por delitos de sangre- justificaron su negativa por el hecho de que el sistema de videoconferencia no garantizaba sus derechos. 'Yo sólo veo un monigote en la pantalla [en referencia al fiscal], y no sé si esto es real o una película. No me creo nada', espeto Antonio Cortes Escobedo, según el fiscal cabecilla del motín. Los otros cinco procesados, en libertad provisional, sí son juzgados en la sala. Por estos hechos hay tres acusados más; uno ha fallecido; un segundo, enfermo en fase terminal; y un tercero, fugado.

La actitud de los procesados al ser instados por la sala a declarar estuvo precedida por un cerrado intento de los 20 letrados de las defensas por impedir el inicio de la vista oral. Los letrados suscribrieron sin fisuras el alegato de Enrique Botella, letrado del principal encausado. Botella, en el apartado de cuestiones previas, pidió primero la nulidad de las actuaciones judiciales por indefensión. El abogado aseguró que las partes no tuvieron opción de recurrir el auto que acordó el juicio por el sistema de videoconferencia.

Las defensas reclamaron la suspensión del juicio por entender que se vulneran principios básicos de los imputados y derechos fundamentales de los mismos. Para los letrados, el sistema de videoconferencia no tiene parangón en el marco jurídico comunitario y vulnera los principios de inmediación -posibilidad de hablar cara a cara con los acusados y ver las reacciones de los mismos en las diferentes fases del jucio-, contradicción -poder aceptar una conformidad - y el de la publicidad de las actuaciones judiciales -a la sala de Fontcalent donde están la mayoría de los acusados no se permitió la entrada de público-.

Las defensas esgrimieron otros argumentos, como la dilación de las actuaciones en la fase de instrucción y otras situaciones de indefensión, como no haber podido entrevistarse con sus clientes, porque recién habían llegado a Fontcalent procedentes de otras prisiones.

Vicente Magro, presidente del tribunal y, a su vez, titular de la Audiencia de Alicante, rechazó los argumentos de los letrados defensores y optó por comenzar el primer juicio por videoconferencia en España con parte de los acusados en un escenario distinto al del tribunal. Magro contestó a los letrados que la petición de nulidad se resolverá en sentencia y que, a su juicio, no había lugar a la suspensión del juicio 'porque está motivado y argumentado', de acuerdo a la circular de la Fiscalía General del Estado. Según Magro, el sistema de videoconferencia no infringe ninguno de los principios apuntados por las defensas y, además, garantiza la seguridad del proceso para todas las partes.

Armados con pinchos

De los 15 acusados que estaban en Fontacalent ayer sólo accedió a declarar Juan José Garfia, considerado como uno de los cabecillas del motín y que se enfrenta a más de 100 años de cárcel. Éste negó cualquier reponsabilidad en los hechos. 'Por la mañana se abrieron las puertas de la celdas del módulo 4º. Salimos y nos vimos implicados en el motín', dijo. 'El 90% de los presos estaba armado con diferentes instrumentos y objetos del taller carpintería', explicó. El acusado aseguró que, por la noche, él y varios presos más volvieron voluntariamente a sus celdas. Los otros dos acusados que testificaron ante el tribunal en la sala negaron también la participación en los hechos que les imputa el fiscal.

El motín comenzó sobre las 10 de la mañana del 12 de noviembre de 1990 y se prolongó durante 48 horas. Aparte de retener y secuestrar a varios funcionarios, los amotinados asesinaron a navajazos a un interno argelino.

Según el fiscal, el motivo de la revuetla era reclamar mejoras en el trato a los internos y consumar evasiones, para lo cual exigieron un furgón blindado y un helicóptero.