El Gobierno vasco acusa a Garzón de forzarle a incumplir la ley

El Gobierno vasco considera en la querella por un presunto delito de prevaricación, dictar una resolución injusta a sabiendas, que ha presentado en el Tribunal Supremo contra el juez Baltasar Garzón, que el magistrado obligó a su consejería de Interior a actuar en contra de la ley por ordenarle que impidiese la manifestación convocada el 14 de septiembre en Bilbao contra la suspensión de Batasuna.

El Ejecutivo de Vitoria centra su querella, un texto de 45 folios presentado el jueves y que su vicepresidencia difundió ayer, en el auto del magistrado del 12 de septiembre que consideraba ilícita la manifestación convocada para dos días después bajo el lema 'Gora Euskal Herria'. La actuación de la Ertzaintza en dicha marcha, que detuvo por orden del magistrado, levantó fuertes discrepancias en el seno de las formaciones nacionalistas.

La querella sostiene que ese auto vulneró el derecho constitucional de reunión al 'extender arbitrariamente' las medidas planteadas por el propio magistrado en su anterior auto del 26 de agosto por el que suspendió las actividades de Batasuna. Dicha extensión es ilegítima, sigue el texto, porque impide ejercer ese derecho valiéndose de la 'incertidumbre generada por las sucesivas e irregulares aclaraciones y rectificaciones' hechas por el propio juez sobre su inicial resolución.

Con su decisión a cuenta de la marcha de Bilbao, según los querellantes, Garzón vulneró presuntamente no sólo dos artículos de la Constitución (el 21 y el 53), sino también las leyes orgánicas del Derecho de Reunión y del Poder Judicial. Y para esa vulneración del derecho de reunión usó como 'instrumento necesario' a la Administración autónoma.

El Ejecutivo culpa en este punto a Garzón de conducirle a ser 'la herramienta eficiente para llevar a cabo una actuación materialmente injusta', apoyándose para ello en su posición institucional y en la obligatoriedad de las resoluciones judiciales. Los querellantes sostienen que su intención no es sólo defender sus competencias, sino evitar que 'la ocasional lesión al derecho al que pueda conducir el anormal funcionamiento de las instituciones pueda quedar sin remedio y, lo que es peor aún, se asiente y tenga continuidad'.

La querella va replicando a los argumentos usados por Garzón para considerar ilícita la convocatoria y estimar que tras la misma se hallaba la organización terrorista ETA-EKIN. Si Garzón creía 'verdaderamente que ETA-EKIN estaba en la convocatoria de la manifestación a través de varios responsables', señala el texto, lo que tenía que haber ordenado es su detención 'y así facilitar el ejercicio del derecho de reunión'.

El Ejecutivo vasco, que repasa las características que tipifican y definen el delito de prevaricación, cita en su favor la 'capital' sentencia del propio Supremo que condenó en octubre de 1999 al entonces juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño a 15 años de inhabilitación por prevaricar durante la instrucción del caso Sogecable. La querella señala, basándose en este fallo, que 'en un Estado de Derecho, las resoluciones judiciales no se legitiman por su conformidad con la convicción del juez que las dicta, sino que es necesario que (...) encuentren un fundamento racional en la ley'.

Los querellantes piden, entre otras diligencias, que se tome declaración al propio magistrado y a los convocantes de la protesta.