El Estado aún debe 30 millones a afectados por la 'pantanada' de Tous

El Estado adeuda aún unos 30 millones de euros (5.000 millones de pesetas) a un grupo de 300 afectados por la pantanada de Tous, que tal día como hoy, hace 20 años, asoló la comarca valenciana de La Ribera. El caso Tous, enredado en los tribunales hasta hace pocos años, no se ha cerrado todavía, dos décadas después de que unas intensísimas lluvias caídas sobre la cuenca del Júcar, unidas al derrumbamiento de la presa, provocaran unas pérdidas cifradas en unos 300 millones de euros (50.000 millones de pesetas) y causaran la muerte directa a nueve vecinos de La Ribera.

Del caso Tous quedan frentes abiertos, como una denuncia contra el Ministerio de Justicia por 'dilaciones indebidas' del proceso judicial presentada por las asociaciones de damnificados Afiva y Apemeda, pendiente en el Tribunal Constitucional. Pero lo más llamativo es que unos 310 perjudicados por el desastre de 1982 esperan aún sus indemnizaciones: son parte de la asociación de damnificados de Carcaixent que, frente a la vía penal elegida por la mayoría, escogió la reclamación del contencioso-administrativo contra el Estado por los daños de la pantanada. El Tribunal Supremo reconoció su derecho a indemnización en 1997, cuando el Estado fue declarado responsable civil por la rotura de la presa, pero sólo unos 90 de los 400 damnificados de Carcaixent han cobrado la compensación.

Tanto ha tardado la Administración central, que se ve obligada a pagar 36 millones de euros (6.000 millones de pesetas) por unos daños estimados en nueve millones (1.500 millones de pesetas), al sumar los intereses desde la presentación del contencioso en 1983. Quedan por pagar, a los 310 afectados mencionados, unos 30 millones de euros. Además, un error del entonces Ministerio de Obras Públicas dejó fuera de esta sentencia a 40 vecinos que, por recomendación del Ministerio de Medio Ambiente, presentaron luego una reclamación que finalmente ha sido rechazada por estar fuera de plazo.

La vía administrativa escogida inicialmente por 1.500 damnificados ha sido estimada como la más idónea por otras organizaciones, como Afiva y Apemeda, que se personaron por la vía penal en el sumario de Tous como acusación. 'No debimos abandonar la vía civil, porque hubiera significado una doble oportunidad', reconoce Xavier Sierra, economista de Alzira que presidió hasta hace tres años Afiva, la asociación más numerosa. 'Fue una lástima', señala el arquitecto de Carcaixent Salvador Calatayud, que preside el colectivo que prefirió la reclamación administrativa, 'ya que unidos hubiéramos sido mucho mas efectivos'.

Estos 20 años han dejado una larga estela de agravios comparativos entre damnificados, ya que algunos dirigentes de las asociaciones han contabilizado hasta siete categorías en función de las indemnizaciones, aunque básicamente son tres: las 28.000 familias que se acogieron para cobrar a los decretos promulgados, dos por el Gobierno socialista y uno por el popular al eternizarse en los tribunales el caso Tous; los 5.200 titulares de cartillas de damnificado que se mantuvieron en la vía penal a pesar de la repetición de los juicios y el retraso, y el colectivo de Carcaixent, unas 400 familias, que presentaron reclamaciones administrativas. Estos han sido los más beneficiados, si bien son los últimos en cobrar, ya que percibirán el 100% de los daños más los intereses devengados desde 1983 hasta el día que reciban su liquidación.

Los que aceptaron las ofertas económicas de la Administración ante la desesperante lentitud de la Justicia se repartieron 153,2 millones de euros (25.500 millones de pesetas); a los que esperaron a la sentencia penal, definitiva en 1997, les correspondieron algo más de 54 millones de euros (9.000 millones de pesetas).

El montante indemnizatorio global pagado por el Estado, responsable civil subsidiario por la rotura del embalse, asciende a poco más de 240 millones de euros (40.000 millones de pesetas), pagados en los últimos nueve años. Una cifra que se aproximaría mucho al daño causado si se hubiera pagado meses después de la catástrofe, pero que ha dejado insatisfechos a los miles de damnificados porque, actualizada, les correspondería haber cobrado 'unos 1.442 millones de euros (240.000 millones de pesetas)', estima Xavier Sierra.