Derecho a la diferencia

No todo son ventajas en un Estado políticamente descentralizado frente a un Estado unitario, pero hay dos que casi nadie discute. La primera es que combina la división horizontal del poder con otra división vertical, que refuerza de manera considerable la efectividad práctica del principio de división de poderes. La segunda es que permite ensayar y hacer visibles de manera simultánea formas alternativas de hacer política.

Un Estado políticamente descentralizado es mucho más resistente a la opresión que un Estado unitario. Es sumamente difícil, como la evidencia empírica disponible pone de manifiesto, que se dé una coincidencia de mayorías del mismo color en el ente central y en los entes subcentrales. El poder dividido territorialmente por imperativo constitucional tiende a dividirse en la práctica en gobiernos, estatal y autonómicos, de distintos partidos políticos, haciéndose efectiva de esta manera la exigencia de Montesquieu de 'que el poder detenga al poder'.

Diferencia en la forma de hacer política no es sinónimo de confrontación. Que el Gobierno de la nación decida hacer una cosa y el Gobierno andaluz algo distinto debe ser visto como normal

Esta diferente coloración en el ejercicio real y efectivo del poder político permite que sobre las mismas materias se puedan poner en práctica políticas distintas. No sólo lo permite, sino que lo propicia. Esa es la razón de ser del derecho a la autonomía: que cada gobierno, estatal o autonómico, pueda poner en práctica la política que considere oportuna en las materias de su competencia, en consonancia con el programa con el que se presentó a las elecciones y en función del apoyo popular que tal programa obtuvo en las mismas.

La confluencia de estas dos ventajas la acabamos de comprobar esta semana con la decisión de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía de permitir y financiar la investigación con células madres embrionarias al catedrático Bernat Soria. Frente a una concepción oscurantista y autoritaria del ejercicio del poder por parte del Gobierno de la nación, que pretende limitar la libertad de investigación científica con base en una determinada interpretación en clave religiosa de la vida humana, la Junta de Andalucía ha hecho valer una concepción distinta, en la que, sin poner en cuestión el derecho a la vida constitucionalmente definido de acuerdo con su interpretación por el Tribunal Constitucional, considera que es completamente legítimo que se deje en libertad a los científicos para que puedan ejercer su libertad de investigación en ese terreno.

Diferencia en la forma de hacer política no es sinónimo de confrontación. Que el Gobierno de la nación decida hacer una cosa y el Gobierno de una comunidad autónoma decida hacer algo distinto debe ser visto como algo normal. Si así no fuera, el Estado de las autonomías no tendría sentido. Si todos tuvieran que hacer lo mismo en todas las materias, la autonomía sería superflua.

Quiere decirse, pues, que la decisión de la Junta de Andalucía de permitir que el profesor Bernat Soria investigue con células madres embrionarias es una decisión 'autónoma', esto es, independiente de la decisión del Gobierno de la nación en esta materia, pero no 'contraria' a la misma. Es resultado del ejercicio del 'derecho a la autonomía' en el marco del 'principio de unidad política' del Estado, tal como están formulados ambos de manera armónica en el artículo 2 de la Constitución.

No se entiende, por eso, que, tras conocerse la decisión de la Junta de Andalucía, el portavoz del PP en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, afirmara que, con dicha decisión, el Gobierno andaluz estaba 'poniendo en tela de juicio' el modelo de Estado: 'Los mismos que defienden el Estado de las autonomías, cuando tienen competencias, alteran ese modelo porque no están de acuerdo con el Gobierno que tiene en ese momento el Estado'.

Es de esperar que, en esta ocasión, la opinión del PP y del Gobierno no se deje arrastrar por la posición de sus hooligans, sino que se alcance de manera ponderada y reflexiva. El número de firmas de ciudadanos más directamente afectados por el resultado que pueda alcanzarse con la investigación de células madres embrionarias, así como la opinión de numerosos miembros de la comunidad científica y la recepción que la decisión de la Junta de Andalucía ha tenido en muy diversos medios de comunicación social, debería hacer que el Gobierno de la nación reflexionara y entendiera, aunque no compartiera, la razón que asiste al Gobierno andaluz. Pues, aunque la decisión de permitir y financiar la investigación sea una decisión de naturaleza política, no debe ser de naturaleza política el debate acerca de dicha investigación, sino que debe ser un debate de naturaleza científica, como bien ha dicho el presidente Manuel Chaves.

En el mismo sentido que el presidente andaluz se ha pronunciado la ministra de Sanidad, Ana Pastor, que ha convocado para esta próxima semana una reunión 'técnica' entre Bernat Soria y su equipo con el equipo técnico que se ocupa de esta cuestión en el ministerio. 'Que nuestros técnicos hablen con sus técnicos', dijo textualmente la ministra, ya que 'son los científicos los que tienen que ir abriendo camino para priorizar los recursos'. Si es esta línea la que acaba abriéndose paso, nos evitaremos un conflicto innecesario y saldremos ganando todos.

En todo caso, es de subrayar con satisfacción que Andalucía esté ejerciendo su derecho a la autonomía, esto es, a la diferencia, en asunto de tanto calado y de manera tan correcta.