Denuncia judicial contra Fox por financiación electoral ilegal
La denuncia judicial de Jaime Cárdenas, uno de los ocho consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE), que supervisa todas las elecciones, contra el presidente mexicano, Vicente Fox, por la supuesta recepción de 200.000 dólares durante la campaña de hace dos años, se suma a la presentada hace tres semanas por la principal fuerza de izquierda, el Partido de la Revolución Democrática, ante la Procuraduría General de la República (fiscalía general).
'El presunto responsable de los hechos [clasificado como delito electoral en el Código Penal] es el presidente', declaró Cárdenas. La recepción de fondos del extranjero está prohibida por la Constitución. Según los demandantes, hubo una triangulación mercantil que permitió su entrada.
Las investigaciones del IFE se han topado con amparos judiciales que dificultan la investigación de las cuentas bancarias de las empresas de Lino Korrodi, responsable de las finanzas de la campaña y fundador de Amigos de Fox. La agrupación privada fue creada hace tres años para impulsar la candidatura de Fox, ante las resistencias del sector más conservador del Partido Acción Nacional (PAN).
De comprobarse la comisión de delito, la mayor sanción sería la pérdida de registro como partido del PAN, que finalmente secundó a Fox. 'El propósito de la denuncia es abrir vías de investigación que en el IFE se nos han cerrado en virtud de los amparos', explicó Cárdenas.
El miércoles, los abogados de Amigos de Fox entregaron al IFE información sobre sus transacciones bancarias para demostrar que fue legal la financiación de la campaña que coonvirtió en presidente al ex gobernador de Guanajuato.
Los abogados de la agrupación imputada esgrimieron un contrato de 200.000 dólares entre una empresa belga, Dehydratation Technologies Belgium, y el Instituto Internacional de Finanzas, con sede en el estado mexicano de Puebla, que, afirmaron, nada tuvo que ver con el apoyo a la campaña. 'La triangulación es inexistente. (...) Está quedando demostrado con documentos que no hay tal', insistió el abogado Arturo Quintero.
