La sociedad que construirá la Sagrera será aprobada el viernes

Barcelona de Alta Velocidad, Sociedad Anónima. Si no hay cambios de última hora, éste será el nombre de la empresa pública que dirigirá y gestionará la construcción de la estación de la Sagrera y la urbanización del entorno, incluyendo zonas públicas y viviendas, y el túnel de Mallorca. El Ayuntamiento de Barcelona, que tendrá el 25% del capital de la firma, aprobará sus estatutos en el pleno municipal del próximo viernes.

La empresa tendrá un capital inicial de 600.000 euros, en 10.000 acciones nominativas de 60 euros cada una, suscritas a partes iguales entre sus cuatro socios: el Ayuntamiento de Barcelona, el Gobierno catalán y dos empresas públicas dependientes del Gobierno central: Renfe y el GIF (Gestor de Infraestructuras Ferroviarias, la firma que construye la línea de alta velocidad).

Las aportaciones iniciales de capital no se harán con dinero líquido, sino con los terrenos de que dispone cada una de las tres administraciones que formarán parte de la futura empresa.

El domicilio social de Barcelona de Alta Velocidad estará en la Delegación del Gobierno de Barcelona y su máximo órgano decisorio será un Consejo de Administración formado proporcionalmente por las cuatro empresas accionistas y compuesto por 12 consejeros. Eventualmente, cabe el nombramiento de un secretario y un vicesecretario del consejo, así como de un consejero delegado con carácter ejecutivo.

La empresa gestionará las realizaciones urbanísticas y promoverá el reparto de cargas y beneficios que se deriven de las plusvalías que los terrenos y las actuaciones puedan generar en toda el área afectada.

El ámbito de actuación no se limita a la zona de Sant Andreu- Sagrera, sino que abarca toda la zona afectada por la alta velocidad, desde L'Hospitalet hasta el nudo de la Trinitat, incluyendo el paso soterrado bajo la calle de Mallorca en Barcelona.

La sociedad se formará con carácter indefinido. Con todo, la fórmula específica para la dirección y ejecución de las obras adoptará la forma del consorcio entre administraciones, aunque siempre con el aval económico y político de la empresa Barcelona de Alta Velocidad.