Los poderes locales de Francia temen una explosión del gasto fiscal por la descentralización
Apenas anunciado el proyecto de reforma de la Constitución para descentralizar el Estado francés, algunos poderes locales expresan cierta angustia: ¿con qué dinero se va a hacer? El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de ley, demostrando que el proceso va en serio, y los destinatarios de la reforma temen ahora una explosión de impuestos locales. El presidente de la República, Jacques Chirac, lo prometió en la campaña electoral y el Gobierno de Jean-Pierre Raffarin lo está cumpliendo: el impuesto sobre la renta ha bajado un 5% en el segundo semestre de 2002 y bajará otro 1% en el año próximo.
Lo que algunos dirigentes locales se preguntan ahora es si esa reducción de impuestos estatales se traducirá en una explosión de impuestos locales. Inaugurar hospitales o bibliotecas proporciona votos, pero la descentralización sólo será popular si 'los ciudadanos no ven nuevos impuestos en su declaración', advirtió el conservador Pierre Méhaignerie, presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional.
El ministro más implicado en la elaboración del proyecto, Patrick Devedjian, trató de calmar a los inquietos: 'No hay riesgo de explosión de la fiscalidad local'. Dos tercios de los presupuestos actuales de las corporaciones locales dependen ya de la financiación estatal: de modo que los dirigentes locales tendrán que controlar los nuevos gastos, si no quieren ser castigados por sus electores.
El ministro de Educación, Luc Ferry, contempla la transferencia del personal administrativo de los centros de enseñanza a las colectividades locales -los sindicatos se oponen a ello y es uno de los motivos de una huelga convocada para hoy- y los presidentes de las regiones desean obtener competencias amplias sobre las universidades. En materia de transportes, la región de París quiere el control del metro y los trenes de cercanías, hasta ahora en manos de empresas controladas directamente por el Gobierno.
Tensiones nacionalistas
El proyecto de descentralización reconoce también el derecho de los poderes locales a convocar referendos en territorios limitados. Esto podría generar tensiones nacionalistas o independentistas. Es el caso evidente de Córcega, donde existe la reivindicación de unificar los dos departamentos actuales en uno solo, o del País Vasco francés, donde varios partidos nacionalistas luchan por conseguir un departamento vasco, al que París siempre se ha opuesto.
La polémica enfrenta a un Gobierno neoconservador, pero partidario de dar más poder a las regiones, con un areópago de juristas de tradición estatista, al que le parece fatal eso de ponerse a descentralizar un país tan centralizado. El proyecto implica reformar la Constitución, que declara a Francia 'una república indivisible, laica, democrática y social', definición a la que el Gobierno pretende agregar: 'su organización es descentralizada'. El Consejo de Estado milita a favor de que se suprima tan audaz añadido.
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