Agró denuncia a la Fiscalía que los 'paranys' vulneran el decreto de caza

Acció Ecologista Agró denunció ayer ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana que numerosos paranys en funcionamiento incumplen el decreto de caza de 2000 de la Consejería de Medio Ambiente, actualmente en vigor pero recurrido en los tribunales por los ecologistas y declarado no ajustado a derecho por el propio TSJ. Pese a todo, la temporada comenzó el pasado día 12 al imponer el TSJ una fianza de 30.000 euros (cinco millones de pesetas) a los ecologistas como condición para hacer efectiva la sentencia que declara ilegal este método de caza.

Los ecologistas visitaron a lo largo de fin de semana numerosos paranys (los puestos, normalmente un enorme árbol, en los que se colocan ramas impregnadas con un pegamento para que caigan las aves) del Camp de Lliria, en la provincia de Valencia, y, ya en Castellón, en Alcora, Onda, Vila-real, La Jana, Traiguera, Canet lo Roig, San Rafael y San Jorge. Y según la denuncia al fiscal aseguran que numerosos paranys carecen de placa identificativa de la normativa y que en un 90% de ellos se estaba utilizando un magnetófono con cintas de cantos de tordos.

Asimismo, aseguran que en los casos en los que pudieron acercarse hasta los paranys comprobaron que en algunos de ellos 'la distancia entre varetas' era inferior a los 20 centímetros que indica el decreto de caza. Por último, y quiza los más grave, comprobaron que en las trampas habían caído ejemplares de aves insectívoras protegidas. Por estos motivos, Agró solicita que se ordene al Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) que inspeccione los paranys para garantizar el cumplimiento del polémico decreto.

'Masivo y no selectivo'

'Denunciamos que sistemáticamente se incumplía el decreto 135/2000, actualmente derogado pero sin ejecución efectiva para esta temporada', claman en la denuncia desde Agró. Los ecologistas, que han visto cómo el TSJ ha reconocido que el parany no se ajusta a derecho por ser un método de caza no permitido por la Unión Europea (los críticos lo consideran 'masivo y no selectivo'), se han quedado contrariados al ver que, hasta que se resuelva el recurso de los cazadores a la sentencia, la prohibición no sería efectiva para esta temporada a no ser que depositaran los 30.000 euros de fianza. Una cantidad que, afirman, es inasumible para una organización social sin ánimo de lucro.

La decisión del TSJ de imponer una fianza (con la opinión contraria de uno de los magistrados) ha supuesto para los ecologistas un paso atrás en la defensa del medio ambiente, ya que en los últimos años los tribunales habían eximido a las organizaciones cívicas de afrontar fianzas cuantiosas, ya que defendían el interés público y no el particular. Para esta campaña, a Agró sólo le queda el derecho a exigir el cumplimiento del decreto.