Alperi elude explicar el desfalco en Mercalicante y delega en el concejal que colocó a su hija en la empresa
La primera comparecencia pública de los responsables de Mercalicante para explicar el quebranto económico de unos siete millones de euros no contó con la presencia del máximo responsable de la sociedad pública, Luis Díaz Alperi, presidente del consejo de administración y alcalde de la ciudad. Éste delegó en Juan Zaragoza, vicepresidente de la empresa que colocó a su hija en esta firma y en otras implicadas en el escándalo. El portavoz municipal socialista, Blas Bernal, denunció anoche que 'Alperi esté escondido y no explique por qué los ciudadanos tienen que pagar el agujero económico de la empresa pública'.
La ampliación de capital de 1.800.000 euros en Mercalicante, aprobada por sus dos socios mayoritarios (Ayuntamiento y la sociedad estatal Mercasa) es insuficiente para equilibrar la empresa. Los actuales gestores de la firma pública anunciaron ayer que para reflotar Mercalicante harían falta entre 3 y 4 millones de euros más. Esa cantidad o parte de ella podría ser cubierta con la enajenación de activos ociosos de la empresa o con la puesta a punto de plusvalías latentes.
La auditoría externa de esta firma puso de manifiesto las irregularidades contables en la gestión de la empresa mixta Mercalicante, presuntamente cometidas por su ex gerente, Emilio Clavero, quien fue cesado de su cargo el 29 de julio.
Directivos de Mercasa y el vicepresidente de la empresa, el concejal del PP Juan Zaragoza, transmitieron ayer un mensaje de 'tranquilidad' a los trabajadores y a las más de 200 empresas que viven de la unidad alimentaria. En rueda de prensa, en la que anunciaron la ampliación de la querella -'a otras personas y otros hechos'- que presentaron contra el ex gerente y contra los responsables de cuatro empresas que supuestamente dieron respaldo a aquel para apropiarse de dinero de la sociedad, insistieron en que Clavero trazó un plan defraudatorio que fue imposible de detectar.Los auditores creen necesaria una 'inyección' de entre 3 y 4 millones de euros, que podrían ser cubiertos mediante activos que en estos momentos 'están ociosos', como suelo.
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