El presidente de la UE advierte de que un 'no' en Irlanda abriría 'una crisis impredecible y sin precedentes'

La ampliación de la UE afronta múltiples dificultades, financieras e incluso políticas, que el primer ministro de Dinamarca y presidente de turno de la UE, Anders Fogh Rasmussen, considera superables. 'El peor de los obstáculos', según declaró ayer en Madrid, es el referéndum irlandés sobre el Tratado de Niza, que instituyó las reformas necesarias para el ingreso de los nuevos socios. 'Si los irlandeses volvieran a rechazarlo, afrontaremos un crisis impredecible y sin precedentes', dijo Rasmussen.

El primer ministro danés insistió en que 'no existe un plan B', es decir, una estrategia alternativa que permita llevar a cabo la ampliación en el caso de que la consulta irlandesa del 18 de octubre tenga un resultado negativo. Sugirió que no desean 'interferir' en la decisión. El presidente del Gobierno, José María Aznar, aseguró que está 'convencido de que los irlandeses serán sensibles a la necesidad de seguir construyendo la UE'.

El danés realiza una gira por las capitales de la UE, previa al Consejo Europeo de Bruselas, el 24 y 25 de octubre, para abordar dos asuntos: los aspectos financieros de la ampliación y el enclave ruso de Kaliningrado.

El secretario de Estado para Europa, Ramón de Miguel, en un debate sobre la ampliación celebrado ayer en el Congreso, señaló que 'Alemania, Holanda, Suecia y, en alguna medida, Reino Unido' parecen haber moderado su oposición a que los nuevos socios perciban ayudas directas a la agricultura. De Miguel consideró que la oposición de estos llamados países ricos a que aumente su contribución a la UE es 'tan inadmisible' como la de un rico español que dijera que no quiere pagar más impuestos que un funcionario.

De Miguel dijo que España está de acuerdo con el proyecto de cláusulas de salvaguardia que la Comisión Europea piensa aplicar, por primera vez, a los nuevos socios, ya que 'son un instrumento de la Comisión en el ejercicio de su competencia de salvaguardar los tratados'. También informó de que España pretende conseguir cuatro diputados adicionales de los que dejarán vacantes Rumania y Bulgaria al no ingresar en 2004. La presidencia ofrece sólo tres.

En relación con Turquía, el secretario de Estado precisó que el Gobierno español nunca ha sido partidario de que se le de a Ankara una fecha de inicio de las negociaciones de adhesión mientras no cumpla los requisitos políticos e institucionales que se le han fijado.

Aznar respaldó esta línea al afirmar que es partidario de que Turquía 'cumpla los mismos requisitos que los demás, ni más ni menos'. 'Sería anormal e insólito', prosiguió, 'manifestarse partidario de la entrada de un país al margen de los requisitos que se han fijado'.