Un debate vital para el futuro de Andalucía y Extremadura

El gran debate nacional surgido de la reforma aprobada sobre el sistema de prestaciones por desempleo está marcado por el oportunismo político-electoral como justifican las diversas declaraciones que se realizan por quien opina. Cosa distinta es lo que ocurre en el medio rural andaluz y extremeño, en el que el debate es mucho más vital, esencial y grave. En la reforma se toca una de las partes del sistema de protección, el Subsidio Agrario.

Conviene remontarse algo para comprender el problema. En los años sesenta, época del desarrollo industrial, Andalucía y Extremadura vieron drenadas sus rentas a través del sistema de cajas de ahorros y los trabajadores agrarios emigraron a las zonas de expansión económica, despoblándose el campo y las poblaciones rurales.

El trabajo en el campo, por su propia naturaleza, es eventual, y hubo que establecer en 1971 el Empleo Comunitario para dar ocupación en las temporadas en las que el campo no la ofrecía, para así retener parte de aquel éxodo. Posteriormente, al principio de los años ochenta, se abordaron, con enormes presupuestos públicos, las reconversiones industriales (altos hornos, minas, astilleros, textiles...) y muchos de aquellos inmigrantes andaluces y extremeños, finalizadas sus prestaciones por desempleo y no encontrando nuevas alternativas de empleo, volvieron a sus orígenes. (El medio rural es menos hostil y más humano en la situación de parado). Les resultó relativamente fácil engrosar las listas del Empleo Comunitario (entonces controladas por los sindicatos).

La situación se hizo insostenible y se reformó en 1983 tras un acuerdo entre la Administración central, la autonómica, los sindicatos y los empleadores, por el que se diseñó el sistema que, con pequeñas modificaciones, ha llegado hasta nuestros días consistente en tres partes: Subsidio Agrario, PER (Plan de Empleo Rural) y FOR (Formación Ocupacional Rural). La última parte, la formación, es la gran asignatura pendiente desde hace casi veinte años.

Un problema que ha creado muchas disfunciones y que, a pesar del tiempo transcurrido, no ha sido corregido, es la facilidad para darse de alta como trabajador agrario y la asimilación de las jornadas del PER al trabajo agrario, requisitos para acceder al derecho a percibir el subsidio agrario. De esta forma, muchos trabajadores que nunca han pisado el campo o que lo han hecho ocasionalmente y que no conocen, ni vocacionalmente quieren conocer, las faenas agrarias, figuran como tales al sólo efecto de percibir dicho subsidio. Esta facilidad incentivó legítimamente la incorporación de la mujer también a dicho derecho.

Las jornadas del PER que facilitan el acceso se gestionaban básicamente desde los ayuntamientos, lo que favorecía su utilización como posible instrumento político y factible herramienta electoral. De ahí la constante llamada a una conveniente reforma y la resistencia para abordarla. El sistema para los verdaderos trabajadores agrarios era y es perverso: el subsidio consiste en el 75% del salario mínimo interprofesional por un máximo de 180 días hábiles al año. Si a las 273 jornadas del año natural se le restan esos 180 días de subsidio y los 15 o 20 obligatorios de PER, sólo quedan escasamente 60 peonadas para que oficialmente puedan figurar como trabajadas en el campo (cotizar un día más supone perder el subsidio de dicha jornada). De ahí surge la picaresca de que las jornadas figuraran a nombre de otro familiar o perceptor. También la coincidencia de los trabajos del PER con las faenas agrarias es motivo para la imposibilidad de encontrar trabajadores agrarios en las épocas de recolección, a pesar de las abultadas listas de perceptores de desempleo.

Desde Asaja-Andalucía hemos propuesto reiteradamente la necesaria reforma del sistema, creando el desempleo contributivo a nivel nacional que incentive a los verdaderos trabajadores eventuales agrarios a permanecer en el sector, aunque ello suponga un nuevo esfuerzo contributivo en la maltrecha economía del agricultor y del ganadero. Pero exigir 360 jornadas para percibir 90 de desempleo es desconocer la realidad del campo, y con ese sistema nadie abandonará el derecho actual al subsidio agrario y difícilmente las nuevas generaciones tendrán interés en el trabajo eventual agrario optando por abandonar las zonas rurales y emigrando a las grandes urbes en busca de sus oportunidades.

Por ello, desde Asaja-Andalucía consideramos racional mantener el sistema actual para esos trabajadores 'ocasionales' que desconocen las labores agrarias o que no tienen vocación ni voluntad para trabajar en el campo y con dificultades para acceder a otras oportunidades de empleo mientras no se les dé la formación necesaria (a ver si en esta ocasión a este capítulo se le da contenido real).

A los reales trabajadores agrarios se les debería establecer un sistema de desempleo contributivo de forma que cada peonada efectivamente trabajada le reconozca el derecho a una jornada de desempleo en el año siguiente, de forma que el interés del buen agricultor coincida con el del buen trabajador en cotizar desde el primer día hasta el último, sistema que producirá un gran ahorro en los presupuestos, ya que fomentaría la cotización oficial del trabajo, evitaría el despilfarro de otorgar derechos a otros (presionados los agricultores por lo perentorio de las cosechas) y aportaría eficacia y ahorro en el sistema de control y gestión.

También es desconocimiento de la realidad del campo obligar a los agricultores y ganaderos a dar de alta previamente a la contratación (en las faenas de recolección nunca se sabe quiénes y cuándo acudirán realmente al tajo). Esperemos que la anunciada voluntad de cambios en este trámite parlamentario sea todavía ocasión propicia para corregir y subsanar estos inconvenientes.

Cristóbal Cantos Ruiz es Secretario General de Asaja Andalucía