La Fiscalía alerta del aumento de la peligrosidad en el centro de reclusión de inmigrantes de Málaga

El perfil del inmigrante que ingresa en el Centro de Internamiento de Capuchinos de Málaga pendiente de su expulsión de España ha variado considerablemente en los últimos meses. Casi la mitad de los internos son actualmente ciudadanos en situación irregular procedentes de los países del Este y que en la mayoría de los casos han sido detenidos por la comisión de un delito. La Fiscalía de Málaga ha alertado a la Subdelegación del Gobierno sobre la falta de seguridad en el centro a la vez que ha advertido del aumento de los incidentes y de la peligrosidad de los internos.

Han sido dos escritos en un año, el último de ellos esta misma semana y firmado por el fiscal jefe de la Audiencia de Málaga, Manuel Villén. Ambos se han realizado tras inspecciones realizadas al Centro de Internamiento por el fiscal de Extranjería de Málaga, Juan Bermejo. La que ha provocado el segundo escrito la realizó a mediados de este pasado mes cuando las dependencias albergaban a 98 internos, de los cuales prácticamente la mitad eran ciudadanos rumanos, bosnios y ucranios imputados por la comisión de algún delito menor en España. En muchos casos, delincuentes multirreincidentes y posiblemente integrantes de bandas mafiosas asentadas en el litoral malagueño.

Bermejo advierte de que con la nueva Ley de Extranjería, que establece la posibilidad de que un inmigrante en situación irregular imputado en un delito menor pueda ser directamente expulsado de España sin ser juzgado, se han llenado las instalaciones de delincuentes de países del Este. El resultado: un considerable aumento de los incidentes en las instalaciones. Bermejo constató al menos cuatro en un periodo de un mes. Una pelea en el patio entre internos a principios de agosto, sendas autolesiones apenas varios días después y otra reyerta a principios de septiembre.

La fiscalía detectó además la peligrosidad de algunos utensilios intervenidos a los internos en distintas inspecciones: cuchillos, sierras, tenazas y tenedores, entre otros. 'Todo ello', relata Bermejo, 'en un centro que custodian sólo cinco agentes de la policía'. 'No se trata ya de un problema de seguridad de los inmigrantes, sino también de seguridad de los propios policías destinados allí', dice el fiscal.

Entre rejas

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Carlos Rubio, asegura tener constancia de estas demandas de la Fiscalía, pero afirma que en parte ya fueron atendidas con el aumento de la seguridad pasiva en el centro, donde se han instalado rejas en ventanas y puertas. Rubio reconoce esta masiva presencia de delincuentes extranjeros e incluso la peligrosidad de alguno de ellos: 'Muchas de estas personas internadas son auténticos delincuentes, lo que demuestra que la aplicación de la Ley de Extranjería no es una búsqueda de sin papeles, es esencialmente una búsqueda de personas en situación irregular que delinquen y que rompen la convivencia en España', aprovecha para afirmar el subdelegado.

Bermejo afirma que otra de las demandas que han planteado a Rubio tiene que ver con la ausencia de personal femenino para atender el módulo de mujeres en el Centro de Internamiento, lo que dificulta la normal convivencia en las instalaciones.

El fiscal recuerda que cualquier disposición internacional reconoce el derecho de las mujeres privadas de libertad a ser atendidas por personal femenino, una circunstancia que no se da en Capuchinos. Rubio afirma que se trata de un problema exclusivo de falta de plantilla: 'Hemos atendido esta petición cuando hemos podido, pero la dificultad es que el porcentaje de mujeres en la plantilla de la policía sigue siendo muy pequeño y son reclamadas también para otros servicios'.

Las deficiencias han sido, también, denunciadas por Andalucía Acoge, unas de las organizaciones no gubernamentales de ayuda a los inmigrantes. Cuatro días sin tan siquiera papel higiénico, pasta de dientes o jabón; un comedor con capacidad para 40 y donde hay que atender al doble; y , sobre todo, un serio problema de falta de seguridad, son algunas de las deficiencias de las que alerta esta organización en un escrito remitido recientemente a la Fiscalía de Málaga. Andalucía Acoge censura además que el centro carezca de un trabajador social, a pesar de que la orden ministerial que regula este tipo de dependencias establece la necesidad de disponer de este funcionario especializado.