El PSOE se opone a la ley de reforma de la financiación local

Los socialistas anunciaron su oposición a la Ley de Reforma de las Haciendas Locales, que ayer fue aprobada por el Consejo de Ministros y remitida a las Cortes para su tramitación, y abrieron la posibilidad de recurrirla ante el Tribunal Constitucional porque contemplan 'indicios de inconstitucionalidad'. Así lo hizo saber ayer el responsable municipal del PSOE, Álvaro Cuesta, que denuncia vulneraciones de procedimiento y de fondo en relación con la norma.

Cuesta señala que la reforma es un 'trágala' porque no ha sido negociada con la oposición y la Federación de Municipios y Provincias (FEMP). Ésta fue convocada el lunes pasado para conocer el borrador que cuatro días después aprobaría el Consejo de Ministros. 'El Ministerio de Hacienda ha estado ocultando durante un año a la comisión de estudio de la FEMP la información sobre la recaudacion fiscal territorializada y otros datos económicos para impedir un cálculo de las consecuencias de su propuesta financiera'.

En cuanto al contenido del proyecto de ley, destaca que 'no garantiza la suficiencia financiera' de los ayuntamientos al 'suprimir un impuesto, el IAE, y exigir a los ayuntamientos que suban o pongan otros impuestos'. 'Se suprime el IAE, pero se traslada la tributación por actividades económicas a otros como el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles), basado en el valor catastral (superficie y situación) sin vinculación con el volumen de negocio'. 'Al crear el IBI comercial cambian el IAE por un catastrazo'.

Supresión del IAE

Montoro recordó ayer que la ley suprimirá el 92% del IAE y afectará a 2.118.863 contribuyentes. También reiteró que el IBI se desdoblará en un IBI residencial y otro comercial.

Cuesta denunció que el Gobierno 'mantiene en la oscuridad' su promesa de compensar por la vía de los Presupuestos 'la pérdida municipal de ingresis por la supresión del IAE'. 'El Gobierno dice que se incluirá vía enmiendas, pero no concreta cifras', añadió.

Montoro, en la conferencia de prensa del Consejo de Ministros, se negó a ofrecer dicha cifra y anunció que el Gobierno la negociará con la FEMP. La organización municipal hará una valoración pública del proyecto de ley la próxima semana.