El TSJ emplaza al Consell a responder si el teatro romano puede derribarse

La Consejería de Cultura deberá pronunciarse sobre la ejecución de la sentencia que declaró ilegales las obras de rehabilitación del teatro romano de Sagunto. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha admitido la solicitud del letrado Juan Marco Molines para que se ejecute la sentencia y emplaza a la Generalitat a que se pronuncie sobre la reversibilidad de las mismas, como propone Molines. Además, advierte a la Administración de que, si no responde, será el propio tribunal el que decida sobre las pruebas que deben tomarse en consideración.

La tercera petición para que se ejecute la sentencia que declaró ilegales las obras realizadas para la rehabilitación del teatro romano de Sagunto del abogado y asesor de la Generalitat Marco Molines ha sido dada por buena por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). En el auto dictado ayer por la sección primera de la sala de lo Contencioso-administrativo, los cinco magistrados dan quince días para que se presenten pruebas que permitan la ejecución del fallo, niegan a la Consejería de Cultura la creación de una comisión de expertos interdisciplinar para que estudie la mejor manera de actuar porque 'no se puede dilatar sine die el cumplimiento de la sentencia' y emplazan a la Administración a que presente pruebas y pida las que consideren oportunas. La sala adelanta que de no ser así 'se reserva su derecho a solicitarla de oficio y obrar en consecuencia'.

Marco Molines trasladó al tribunal que la ejecución de la sentencia debía materializarse en 'el levantamiento y retirada de las placas de mármol que se superponen a la anterior piedra de la cávea (galería) y el derribo total del muro de cierre de la escena'. La Generalitat, cuando tuvo conocimiento, contestó al tribunal que entendía como responsable de la ejecución de la sentencia a la Consejería de Cultura y que 'a la vista de los informes técnicos recabados, la reversibilidad de las obras es posible, aunque es necesario recabar un proyecto técnico donde se especifiquen las técnicas utilizadas para el desmontaje, demoliciones, retiradas, orden de organización de trabajos, medidas de seguridad', etc.

Y, además, señaló que con carácter previo debía crearse una comisión multidisciplinar, en lo que coincide con el Ayuntamiento de Sagunto, 'para que se dedique a elaborar las determinaciones técnicas del proyecto, así como el grado y condición de la reversibilidad recomendable de acuerdo con el estado actual de las estructuras teatrales'. La Generalitat manifestó al tribunal que 'el plazo máximo de ejecución de las obras estará en función del proyecto técnico de reversibilidad, y en cuanto a la destrucción de las obras realizadas se opone a la solicitud pues hasta que no se redacte el proyecto de reversibilidad no puede determinarse cuál sea el alcance'.

Pérdidas de tiempo

El TSJ responde ahora a la Generalitat que el tiempo para que las partes se pongan de acuerdo se está acabando. En los fundamentos jurídicos del auto, los magistrados recuerdan que la intervención de la Sala en la ejecución de una sentencia es subsidiaria. Ahora bien, dado que la ejecución de la sentencia se ordenó hace ya años y que la Administración 'está constreñida a su estricto cumplimiento en los plazos determinados legalmente, ampliamente superados', y que no ha sido así, la Sala 'puede intervenir' en favor de la ejecución del fallo que solicita una de las partes, en este caso Marco Molines.

Para el tribunal, la petición de que se ejecute el fallo judicial 'se ha producido y se concreta en la demolición del muro de cierre de la escena y el levantamiento y retirada de las placas de mármol que cubren la cávea'. E insiste, como hiciera en ocasiones anteriores, en que las partes deben acreditar que lo que se ha solicitado entra en la línea exigible de la ejecución o, por el contrario, que existen motivos que impiden la ejecución material de la sentencia. Pero en cualquier caso, no el silencio o maniobras de dilatación.

Por ello mismo la sala dice que 'el incidente debe terminar', refiriéndose a petición de ejecución del fallo. Y añade que aunque hay sintonía entre la Generalitat y Marco Molines en lo que a demoler se refiere, no es así en los medios que deben conducir a qué debe derribarse, cómo y cuándo. Por lo tanto, la Sala comunica a las partes que en los próximos 15 días deben proponer pruebas para que se pueda ejecutar el fallo, es decir la demolición de las obras declaradas ilegales, en todo o en parte. Y habrá 30 días para practicar dichas pruebas.

La rotundidad del fallo del TSJ no ha hecho desistir a la Generalitat en la estrategia practicada hasta ahora. Ayer mismo anunció que presentará un recurso de súplica, -tiene plazo hasta el miércoles próximo-, porque considera que, dado el carácter del monumento sobre el que se actúa, es necesaria la creación de la comisión multidisciplinar de expertos.