La acusación particular del 'caso Bazar España' estudia recusar a la juez

Los abogados que ejercen la acusación particular en el caso del derrumbe del muro del Bazar España, en el que están imputadas site personas, cuatro de ellas técnicos municipales, por la muerte de cinco personas el 31 de diciembre de 1998, están estudiando la posibilidad de recusar a la titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Sevilla, Carmen Barrero, encargada de enjuiciar el caso, por su parentesco con una de las partes, dado que la magistrada es hija del jefe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, Enrique Barrero, y en el proceso puede declararse la presunta responsabilidad civil del Consistorio.

El juicio, el 13 de enero

La juez citó hoy a los 13 abogados personados en la causa y al fiscal del caso para informarles de que el juicio comenzará el próximo 13 de enero, y en el mismo acto consideró que, a su juicio, no hay causa por la que deba de abstenerse del procedimiento. En todo caso, según fuentes judiciales, se trata de una cuestión sobre la que existen dudas legales y se presta a la interpretación, puesto que la ley establece que hay causa de abstención o recusación cuando existe una relación de parentesco con una de las partes.

En concreto, el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial considera como causa de abstención y, en su caso, de recusación, 'el vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco por consanguinidad o afinidad dentro del segundo grado con el letrado y el procurador de cualquiera de las partes que intervengan en el pleito o causa'. El artículo 220 añade como causa de recusación en los procesos en que sea parte la administración pública, encontrarse el juez o magistrado emparentado 'con la autoridad o funcionario que hubiese dictado el acto o informado respecto del mismo o realizado el hecho por razón de los cuales se sigue el proceso'.

La cuestión radica en si el Ayuntamiento como tal es parte del proceso por su relación con la Gerencia de Urbanismo, a la que pertenecen los técnicos imputados y que es un organismo independiente del Consistorio, con su propio servicio jurídico.

Los abogados que ejercen la acusación particular en representación de los familiares de las cinco víctimas han explicado que estudiarán la posibilidad de presentar una recusación formal, una decisión que será tomada en los próximos días, tras estudiar detenidamente el asunto.

En caso de que finalmente se produzca el incidente de recusación, sería el magistrado Rafael Tirado, titular del juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla -sustituto natural del número 2-, al que correspondería resolver sobre la recusación, una vez que la juez Carmen Barrero emitiera un informe sobre la cuestión. No obstante, ese posible incidente, en el supuesto de que se presentara finalmente, no afectaría a la fecha del juicio, que se ha fijado para el 13 de enero del 2003.

En la reunión que la juez mantuvo con las partes personadas en el proceso se abordaron algunos aspectos relativos a la celebración de la vista oral. Se estima que el juicio durará entre un mes y un mes y medio y se desarrollará en sesiones de mañana en la Sala de Plenos de la Audiencia Provincial, que cuenta con mayor capacidad para albergar a todas las partes. En el juicio comparecerán junto a los siete acusados unos 50 testigos y diez peritos.