La Audiencia de Cádiz desoye al juez de El Puerto y separa la instrucción del 'caso Manzanilla'
El proceso sobre tráfico de drogas se repartirá por la Audiencia Nacional y ocho juzgados
La Audiencia Nacional y ocho juzgados más de las provincias de Cádiz, Sevilla y Huelva se encargarán de continuar con la instrucción del caso Manzanilla, una operación policial dirigida por el Juzgado número 3 de El Puerto de Santa María (Cádiz) que permitió desarticular una de los principales entramados dedicados al narcotráfico en Andalucía occidental. La Sección Tercera de la Audiencia de Cádiz, en un auto, desoye al juez Miguel Ángel López y atiende íntegramente a las peticiones de la Fiscalía gaditana, que apostaba por desgajar las diligencias de la causa.
Miguel Ángel López Marchena defendió que el juzgado que preside se encargase de todo el proceso al considerar que existía conexión delictiva entre los 140 detenidos, seis de ellos agentes. Sin embargo, la Sección Tercera no aprecia una 'única organización criminal'.
El juez López Marchena ordenó hace tres años un registro policial en un chalé de la urbanización de Valdelagrana, en El Puerto, que permitió obtener información sobre la actividad de una gran red de narcotraficantes que operaba en las provincias de Cádiz y Sevilla. Posteriores actuaciones en Sanlúcar de Barrameda y las ciudades del entorno, gracias a la colaboración de ex integrantes arrepentidos de las bandas, dieron como resultado la imputación de 140 personas, entre ellos, seis funcionarios de la Comisaría de Policía Nacional de Sanlúcar. La supuesta vinculación de agentes en este caso provocó la dimisión del comisario sanluqueño. Las últimas fases de este proceso, conocido como operación Manzanilla, aún permanecen abiertas, aunque el juez que inició la causa ya no podrá seguir dirigiendo la investigación.
La Audiencia resuelve ahora un conflicto de competencias originado el pasado verano por la Fiscalía gaditana al entender que la magnitud del proceso no hacía viable la instrucción del caso bajo la exclusiva competencia del juzgado de El Puerto. Asimismo, el Ministerio Público advirtió sobre un defecto de forma al apreciar que en una sola instrucción se habían mezclado elementos de varias redes de narcotraficantes. Esta tesis es la que respalda ahora la Audiencia en el auto, con fecha del pasado 3 de octubre, contra el que no cabe recurso posible.
De esta manera, la Sección Tercera desestima la versión del juez, que apreció vinculación entre las redes, por lo que justificaba así la unidad del caso. López Marchena llegó incluso a cuestionar abiertamente a la Fiscalía al afirmar que con sus deseos de separar el procedimiento estaba 'restando efectividad a la investigación y empleados criterios propios la defensa' al reducir la participación de los imputados a pequeñas redes.
Apoyo a la tesis fiscal
El auto de la Audiencia se decanta abiertamente por la Fiscalía y afirma que no ha podido acreditarse que 'existiera una única organización criminal estable, jerarquizada, con reparto de papeles y coordinada en el sentido exigido por la ley, ni que se trate de delitos que formen parte de un conjunto de los que unos traen causa de otros, de modo que la competencia para instruir y conocer en su caso del juicio, pudiere ser atribuida a un solo órgano jurisdiccional'.
La Sección Tercera considera que el juzgado portuense no es competente para completar la instrucción de todas las piezas y las reparte entre los juzgados centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional; los de Sevilla, Alcalá de Guadaíra y Lebrija, en la provincia sevillana; el de La Palma del Condado, en Huelva; y los de Cádiz, Jerez, Sanlúcar y El Puerto, en la provincia gaditana.
El fiscal jefe de Cádiz, Isidoro Hidalgo, se mostró ayer satisfecho con la decisión de la Audiencia. 'Los llamados macro procesos en la práctica se han demostrado que son un fracaso. Es inimaginable un juicio que necesite poco menos que el Palacio de Congresos para realizarlo porque hay más 100 imputados y 200 letrados. Conduce más que a un juicio a un barullo, y ya se sabe que cuando hay río revuelto salen ganado siempre los acusados', defendió Hidalgo, quien arremetió contra el juez instructor por las críticas que dirigió semanas atrás a la Fiscalía. 'No me parece acertada la manera en la que criticó a la Fiscalía. En concreto, hay una frase que me molestó cuando dijo que la Fiscalía adoptaba posturas de la defensa. ¿Qué dice usted? Eso es una estupidez', afirmó.
Rechazo al auto judicial
El diputado del PSOE por Cádiz, Salvador de la Encina, mostró ayer su 'sorpresa' por el auto de la Audiencia, que calificó de 'golpe bajo, aunque legal, a la lucha contra el narcotráfico que tan duramente castiga a la provincia de Cádiz y que cada vez está más introducido en diferentes estamentos de la sociedad'. De la Encina lamentó la decisión judicial porque, según dijo, 'viene a dar balones de oxígeno a las bandas encausadas, que se van a ver más favorecidas ahora'. Asimismo, el parlamentario socialista criticó el 'tono de descalificación' empleado por el fiscal jefe de Cádiz, Isidoro Hidalgo, contra el juez instructor, Miguel Ángel López Marchena. 'No es propio de un cargo de este nivel', espetó. En términos aún más críticos, se pronunció el diputado del PP por Cádiz, Aurelio Sánchez, quien achacó el empeño del fiscal por segregar el caso 'para eludir la intensidad del trabajo y la responsabilidad' que, a su juicio, generaría el trabajo de la instrucción de un único caso. Sánchez reconoció la voluminosa labor pendiente, pero explicó: 'para eso estamos los responsables públicos'. El diputado del PP aseguró que la segregación del caso Manzanilla es 'una muy mala noticia para la legalidad, para las Fuerzas de Seguridad del Estado y para las personas de bien'. Sánchez advirtió de que el nuevo escenario va a provocar la salida en libertad de algunos de los imputados que 'ahora podrán escapar fuera de la jurisdicción de la justicia española'. Por su parte, el coordinador provincial de IU, Ignacio García, afirmó que la decisión 'favorece a los imputados, que pasarán a ser pequeños narcotraficantes por estar encausados en tramas de relativa poca importancia, lo que puede provocar condenas de menor cuantía que las que podrían establecerse en caso de ser juzgados por su responsabilidad legal en una gran red'.
