Ruiz-Gallardón es partidario de que los alcaldes gobiernen con personas que no sean concejales

El Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón enseñó ayer oficialmente sus cartas en el diseño de la futura Ley de Grandes Ciudades, norma que regulará el funcionamiento y las competencias de urbes como Madrid o Barcelona. La consejera de Justicia y Administración Local, Paz González, manifestó ayer en el Senado que Madrid necesita una gestión municipal 'fluida, transparente y de calidad', por lo que el Gobierno regional propone que el futuro alcalde o alcaldesa de la ciudad pueda formar su equipo de gobierno con 'personas que no posean la condición de concejal'.

'De este modo', continuó la consejera, 'la gestión municipal abriría sus puertas a las personas más cualificadas, a las más preparadas, a los expertos más especializados y a profesionales de reconocido prestigio que, independientemente de su inclusión o no en las listas electorales, podrían todo su saber y conocimiento en resolver los problemas de los vecinos y de los ciudadanos en general'. González justificó, además, esta propuesta en que Madrid 'gestiona presupuestos superiores a los que manejan no ya ciudades similares, sino incluso algunas comunidades autónomas'.

Alcaldes de distrito

La consejera pidió también que la futura Ley de Grandes Ciudades cree la figura de 'alcaldes de distrito', dotándoles de 'mayor capacidad competencial, financiera y de autonomía de gestión, aunque siempre bajo el control y la supervisión del alcalde' de la localidad.

Igualmente, González reclamó la creación de 'una figura similar a la que actualmente desarrollan los vicepresidentes en el Gobierno central y autonómico, con funciones ejecutivas y de representación' cuando el alcalde no pueda estar presente en determinados actos.

La consejera abogó, además, por un 'proceso de renovación integral de la organización municipal y que se promueva una auténtica separación entre las funciones [municipales] ejecutiva y normativa'. Para ello, pidió que el 'alcalde y la comisión de gobierno se conviertan en verdaderos órganos de gestión en el más estricto sentido de la palabra', mientras que el pleno debe asumir 'su condición de órgano de control del ejecutivo, descargándose así de las múltiples funciones administrativas que actualmente ralentizan de manera innecesaria su funcionamiento'.

González hace así referencia a que el Gobierno de Ruiz-Gallardón quiere que los plenos reduzcan su duración -pueden alargarse 10 horas o más- porque en ellos deben aprobarse los más diversos asuntos: desde la convocatoria de un concurso para arrendar los pastos de la Casa de Campo hasta el plan general de toda la ciudad.

Las Cortes tienen previsto, tras oír a los representantes de las 17 comunidades autónomas, aprobar el texto de la Ley de Grandes Ciudades antes de las elecciones municipales de 2003.