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Columna
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Palabras

En el pleno del Parlamento andaluz celebrado hace unas semanas el grupo socialista preguntó al Consejo de Gobierno su parecer sobre la célebre referencia del presidente Aznar al presidente Chaves. 'Después de Franco -dijo- nadie ha gobernado tanto en Andalucía'. Es obvio que el autor de estas palabras no distingue entre dictadura y democracia, o le parece que la segunda es una simple modalidad formal de la primera. A pesar de todo, su frase no lo convierte en dictador. Dictadores son los que promueven y ejercen dictaduras, no los políticos incultos y antipáticos.

En el pleno del Parlamento andaluz que se celebrará el jueves que viene será Izquierda Unida quien pregunte otra vez sobre el significado de ciertas palabras; por las que pronunció un consejero de turismo que tuvo la ocurrencia de abrir su corazón al periodista: 'Yo digo muchas veces que casi sería preferible un par de casos de corrupción al año que una administración muerta y lenta'. Es obvio que las preferencias de este señor lo invalidan incluso para gestionar los fondos de una biblioteca de barrio; cualquier día puede verse en la encrucijada que describe y sentir el honesto deber de elegir entre esas dos opciones. Sin embargo, su frase tampoco lo convierte en un político corrupto. Políticos corruptos no son los que cometen actos fallidos, sino los que cometen corrupción.

En cambio, si extendiéramos a estos dos casos la doctrina del PP, Aznar sí sería un dictador y el consejero un corrupto. Para el PP no hay diferencia entre acciones y palabras. Un partido -dice la ley recientemente aprobada- es ilegal si promueve la persecución de las personas y también si la justifica.

En el otro extremo están quienes piensan que en una verdadera democracia nunca se puede delinquir con la palabra; que no es lo mismo asesinar que justificar un asesinato; que exculpar la violación de los derechos humanos es repugnante, pero que esa justificación no convierte a quien la realiza en un torturador de personas.

La libertad es incompatible con el delito de opinión; pero hay palabras que son algo más que el simple vehículo de una idea. En su libro Cómo hacer cosas con palabras, J.L. Austin dice que algunas palabras tienen el mismo poder que las acciones. 'Se levanta la sesión' o 'queda inaugurado este pantano' no son meras declaraciones simbólicas; son acciones, y tienen el mismo efecto que levantar una piedra y cambiarla de lugar. Antes de que una alcaldesa diga 'yo os declaro marido y mujer', los contrayentes eran personas solteras que dejan de serlo inmediatamente después de la formulación de la frase. Ciertas palabras no sólo dicen cosas; también las hacen. Las palabras de los políticos tienen este desmesurado poder, y por eso mismo deben estar tan controladas como sus declaraciones de la renta y tan limitadas como sus actividades económicas. Aunque justificar el delito no puede equipararse nunca a lo que hace el delincuente, no es lo mismo que esa justificación se produzca en un ámbito privado o que se haga desde una tribuna pública, donde la minimización del delito se convierte en una invitación a cometerlo.

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