Por la derogación del 'decretazo'

El acto sindical del próximo 5 de octubre convocado por UGT y Comisiones Obreras va a reunir en Madrid a trabajadores de toda España, continuando las masivas movilizaciones generadas alrededor de la huelga general del pasado 20 de junio, para dar una contundente respuesta a las políticas antisociales del Gobierno del Partido Popular y a su insistencia en no retirar el decretazo de mayo de este año, referido a la mal llamada reforma de la protección por desempleo, ahora en plena tramitación parlamentaria, para intentar convertirla en ley, a pesar del rechazo frontal del los trabajadores españoles expresado en la huelga general del 20-J.

Ya advertimos los sindicatos desde el mismo momento en que el Gobierno -a mediados de abril- anunció sus proyectos de que no cabía otra solución que no fuese la retirada total de los mismos, porque no se podía negociar lo que era, en rigor, un desmantelamiento progresivo de esa protección, a la que se añadían otras cuestiones laterales no muy relacionadas con ella, pero verdaderamente letales para el sistema de relaciones laborales establecido en nuestro país desde hace más de veinticinco años, como era la eliminación de los salarios de tramitación en los procesos judiciales por despido improcedente.

Por este motivo, para que se suspendan estas medidas que son un atentado a la clase trabajadora, a los sectores más desfavorecidos de la sociedad y, por extensión, a la gran mayoría de los ciudadanos, es por lo que, hoy como ayer, 'por la derogación del decretazo' -lema del 5 de octubre-, vamos a seguir luchando contra esta lesiva reforma, y también contra un deteriorado estado de cosas que, desde el punto de vista social y laboral, se inició en marzo de 2001 con otro decretazo que supuso, entre otras cuestiones, el incremento de la precariedad y de los contratos basura, una acentuada desregulación, un recorte de derechos y, como consecuencia de todo ello, un aumento de la siniestralidad laboral corroborado trágicamente con el constante aumento de la cifra de trabajadores muertos y heridos en razón de su actividad profesional.

Hay, en consecuencia, suficientes antecedentes en el terreno de los hechos para constatar que este decretazo de 2002 es una expresión más en el terreno socio-laboral de una determinada política económica. El Gobierno, aunque lo niegue, es consciente de los graves recortes que contiene su reforma.

Esos recortes son visibles -aunque estén disimulados- en los Presupuestos que ha presentado el Gobierno para 2003. Aparece un incremento de gasto en prestaciones por desempleo de un 20%, pero lo cierto es que, haciendo una comparación rigurosa de lo que de verdad se presupuesta como incremento de gasto (es decir, depurando las cifras para descontar desviaciones registradas en el gasto, que se incorporan a los Presupuestos iniciales desde 2001), el crecimiento del gasto es realmente cero. Pero ese crecimiento sólo es nominal, descontada la inflación el gasto cae un 2,8%. Si a continuación tenemos en cuenta que el propio Gobierno prevé un incremento del desempleo del 2,3% (que lamentablemente puede ser superior), que exigiría un aumento del gasto en prestaciones que no se contempla, lo que se presupuesta supone, en suma, un recorte superior al 5%. O, lo que es lo mismo, si necesitando un aumento de recursos para 2003 éste no se estipula, significa, sin duda, que o se van a denegar prestaciones a algunos desempleados o se va a presionar a todos ellos para recortar el periodo percibido.

El recorte reflejado en el Presupuesto es una nueva prueba de que también en la ley que se va a aprobar para reemplazar el decretazo hay recortes. El instrumental del que se ha armado el Gobierno para hacerlos consiste en convertir derechos subjetivos de la gente en concesiones administrativas. Porque las prestaciones, a través del compromiso de actividad y la oferta adecuada de empleo, devienen en algo susceptible de ser 'interpretado' con mayor o menor dureza por la Administración de turno.

La sociedad española tiene conciencia de que el decretazo contiene inequívocamente recortes. Asimismo, la tienen todos los grupos parlamentarios, aunque el que sustenta al Gobierno se resista aún a admitirlo. Las enmiendas de los grupos parlamentarios constituyen la mejor evidencia, porque los de la izquierda han buscado la plena derogación del decretazo, e incluso los más próximos al Gobierno intentan paliar o suprimir esos recortes. Implícitamente, el propio Gobierno acaba por reconocerlo al aceptar algunos cambios en las cuestiones más centrales -las que siempre ha calificado de innegociables- de su reforma. La huelga general parece estar dando frutos con una rapidez casi inesperada. Si los trabajadores damos un nuevo impulso el próximo 5 de octubre en la Puerta de Alcalá, podemos conseguir la supresión de los efectos más graves de esta nefasta reforma. Merece la pena.