Tres de cada cuatro delitos podrán juzgarse en un máximo de un mes a partir de marzo

Los juicios rápidos ya existen. El Congreso aprobó ayer con el apoyo de todos los grupos, salvo el de IU, que se abstuvo, la ley que permitirá sentenciar el 70% de los delitos en el plazo máximo de un mes desde la detención del procesado; la ley entrará en vigor en marzo. Todos los partidos que la apoyaron destacaron el consenso con el que nace una norma que consideran necesaria, pero el PSOE echó de menos un plan de implantación de nuevos juzgados y la falta de acuerdo con las autonomías sobre su financiación. El Gobierno creará 80 nuevos juzgados antes de fin de año.

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establece el procedimiento a seguir en los juicios rápidos ya ha sido aprobada, pero no entrará en vigor hasta finales del próximo marzo. Entretanto el Gobierno tendrá que dotar a los juzgados y a la fiscalía de los medios suficientes para cumplir con lo que prescribe la nueva ley, como ayer se encargaron de recordarle todos los grupos parlamentarios.

Con el procedimiento rápido se podrán juzgar el 70% de los delitos -los castigados con penas inferiores a los cinco años de prisión, en vez de a nueve como decía el texto inicial-, siempre que el proceso comience con una denuncia de la policía y se haya detenido al presunto autor. También será aplicable a los delitos de violencia callejera, como recordó ayer el ministro de Justicia, José María Michavila.

Las funciones de la policía quedan muy reforzadas con la nueva ley. En las 72 horas de arresto permitidas, los agentes deben informar al detenido de sus derechos y citar a las partes y testigos en el juzgado de guardia que establezca el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los agentes podrán analizar las drogas incautadas si el laboratorio oficial encargado de hacerlo no lo hiciera dentro de ese plazo. El resultado de todos los trámites se enviará al juzgado de guardia.

En lo que dure la guardia de ese juzgado (24 horas en los juzgados de Instrucción de las grandes ciudades, pero una semana en la Audiencia Nacional), el juez tendrá que realizar todas las actuaciones (declaración del imputado, pruebas, antecedentes penales y peritos). Una vez realizadas, y tras escuchar al fiscal y a la defensa, el juez decidirá si se pasa a la fase de juicio oral, que deberá celebrarse en un máximo de 15 días. El fiscal presentará en el acto el escrito de acusación y si no lo hace, el caso se archivará.

Si el juicio oral -la vista celebrada en el juzgado de lo Penal- no puede terminarse en un sólo acto, el juez fijará una segunda sesión en el plazo máximo de 15 días. Terminado el juicio, la sentencia se dictará en los tres días siguientes.

Algo más de un mes

Sumando los plazos máximos establecidos por la ley y poniéndose en el peor de los casos, los pequeños delincuentes serán barridos de las calles en algo más de un mes desde su detención. 'Se trata de que el juicio dure algo más de 15 días', aseguran sin embargo desde el Ministerio de Justicia.

En el debate parlamentario, todos los portavoces alabaron en sus intervenciones el esfuerzo de Gobierno y grupos parlamentarios que ha llevado a la aprobación de la ley. También el portavoz del PSOE en asuntos de Justicia, Javier Barrero, que afirmó su satisfacción porque la norma ha salido adelante 'gracias a la voluntad de todos los grupos parlamentarios', y aseguró que no estaba acostumbrado 'a que todos [los partidos] presenten y firmen iniciativas de este contenido, en el que existen diferencias abundantes'.

En el mismo sentido se manifestaron los portavoces de CiU, Manel Silva, y del PNV, Margarita Uría. Ésta última hizo un inciso en su discurso para referirse a la propuesta del presidente del Gobierno vasco, Juan José Ibarretxe, en la que reclama autonomía en materia judicial para Euskadi. 'No he perdido el norte', dijo Uría, 'aún en el supuesto de que [la propuesta de Ibarretxe] llegase a plasmarse en esos términos, la aceptación de estas normas [en referencia a los juicios rápidos] sería idéntica, ya que expresamente se reconoce la competencia del Estado'.

Sólo IU no votó a favor de la proposición de ley, que sí firmó cuando se presentó el pasado marzo. La coalición optó por la abstención porque considera que la norma 'no mejora lo existente'. 'En Barcelona funcionan los juicios rápidos y en Sevilla ha habido algunos intentos, existosos en la mayoría de los casos', afirmó Luis Carlos Rejón. El portavoz justificó la postura de IU al aludir a un informe del CGPJ en el que se reclamaban únicamente 'elementos organizativos y de orden material' para que funcionaran este tipo de procesos, creados en 1992 por el Gobierno socialista.

A pesar de su apoyo a la norma y de las alabanzas a la predisposición del Gobierno y los partidos para negociar el texto, el grupo socialista no dejó escapar la posibilidad de criticar algunos aspectos relativos a su futura aplicación. Los socialistas consideran insuficientes los 71 millones de euros con que cuenta el Ministerio de Justicia para este año y los 22 millones que se destinarán a los juicios rápidos en el próximo ejercicio, lo que en palabras de Barrero 'pone en entredicho el interés del Gobierno por hacer realidad el plan de financiación recogido en el Plan de reforma de la Justicia'.

Además, el PSOE exige más diálogo con las comunidades autónomas, sobre todo en materia de financiación, ya que las autonomías competentes en materia de Justicia tendrán que afrontar importantes gastos por las nuevas infraestructuras judiciales.

Los socialistas también se quejan de que el Gobierno de José María Aznar no haya puesto en marcha todavía un plan de implantación para los juicios rápidos que haga realidad las prescripciones de la recién aprobada ley. 'Este plan es precisamente el que se piensa crear en los seis meses que faltan para que se pongan en marcha los jucios rápidos', explica Antonio Dorrego, director general de Modernización de la Administración de Justicia.

30 millones en juzgados

En los tres meses que quedan para que acabe 2002, el Ministerio de Justicia tiene previsto gastarse unos 30 millones de euros (5.000 millones de pesetas) en la creación de 80 nuevos juzgados, contando los costes de las nuevas infraestructuras y de personal. En ese presupuesto, Justicia incluye también las 49 nuevas plazas de fiscales que tiene previsto crear. Según Dorrego, todo ese dinero provendrá directamente de los fondos con los que el ministerio cuenta para este año.

Justicia asegura que los 22 millones que destinan los presupuestos de 2003 para los juicios rápidos -que el PSOE e IU juzgan insuficientes para poner en marcha la nueva normativa- no serán la única partida destinada a este fin. 'A esa cantidad hay que añadir otros 30 millones de euros del Plan de Modernización Tecnológica', que según el director general servirán para mejorar los sistemas informáticos de los nuevos órganos y para que las comunicaciones se hagan de manera más fluida.