El Parlament aprueba plantear la reforma del Estatut tras las elecciones

El Parlament aprobó ayer plantear en la próxima legislatura la reforma del Estatuto de Autonomía. El acuerdo fue adoptado con los votos de Convergència i Unió (CiU) y Esquerra Republicana (ERC) y la abstención de los socialistas, que vieron rechazada una propuesta, apoyada también por Iniciativa per Catalunya Verds, para iniciar la reforma estatutaria antes de las próximas elecciones autonómicas.

El PP votó en contra de la reforma, pero consideró que el acuerdo adoptado no le impide mantener su apoyo al Gobierno de CiU porque, al referirse a la próxima legislatura, carece en realidad de consecuencias prácticas inmediatas y respeta el compromiso adquirido en la investidura de Jordi Pujol como presidente.

El Gobierno de Pujol logró ayer su objetivo de escenificar la existencia de un bloque nacionalista capaz de marcar distancias tanto del PP, por su parte, como de los socialistas por parte de los republicanos. Para CiU era una imperiosa necesidad después de que su alianza con el PP durante la legislatura haya provocado el abandono del ex secretario general de Convergència, Pere Esteve, y una cascada de críticas desde los sectores soberanistas del partido.

Este cierre de filas fue más fácil gracias a la decisión del Ejecutivo central de instaurar un modelo de homenaje a la bandera española que los nacionalistas catalanes consideran un episodio más de la involución autonómica y constitucional. El secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, explicó que el acto protagonizado por el ministro de Defensa en la plaza de Colón de Madrid supone 'un uso indebido de la bandera, contrario al espíritu de la Constitución, que el presidente Aznar no comprende'. Agregó que esta incomprensión es congruente con el hecho de que, en su momento, Aznar 'no participara en el espíritu del pacto constitucional y llamara a no votar la Constitución'.

La decisión de CiU de plantear, aunque sea para la próxima legislatura, la reforma del Estatuto catalán es fruto, entre otras razones, según explicaron tanto Duran como el conseller en cap del Gobierno catalán, Artur Mas, del 'silencio y desprecio de Aznar a las propuestas sobre autogobierno que el Ejecutivo de CiU le planteó' a principios de año.

El Parlamento catalán votó tres resoluciones que incluían la reforma del Estatuto. La más contundente era la presentada por el grupo del PSC-Ciutadans pel Canvi, que proponía iniciar el proceso en la presente legislatura. Fue rechazada por CiU y el PP precisamente porque el pacto de investidura de Pujol obligaba a los nacionalistas.

La mejora del autogobierno

Las otras dos propuestas, presentadas por CiU y ERC, eran bastante diferentes en diversos aspectos. La de los republicanos incluía formulaciones sobre un proyecto de Estado catalán libre asociado similares a las planteadas por el lehendakari Ibarretxe. Pero sólo prosperaron los puntos en que coincidía con la de CiU. Además de este acuerdo, el Parlament aprobó por una amplia mayoría, de la que sólo se excluyó el PP, una resolución para la mejora del autogobierno y el reconocimiento del carácter plurinacional de España con una serie de cuestiones que dependen del Gobierno central:

- Completar el traspaso [a la Generalitat] de las competencias y los servicios pendientes.

- Aplicación del artículo 150.2 de la Constitución para traspasar a la Generalitat la gestión de competencias del Estado. - Modificación de las leyes estatales de carácter básico que recortan el autogobierno.

- Aplicación del modelo de Administración única.

- Articulación de la participación directa de la Generalitat en los órganos e instituciones de la Unión Europea.

Esta propuesta fue presentada tanto por CiU como por el PSC y recoge el acuerdo tripartito de las izquierdas catalanas para la mejora del autogobierno. La novedad de ayer es que, por vez primera desde 1980, CiU ha aceptado añadir a estas demandas el inicio del largo y complicado proceso del reforma del Estatuto.

La reforma del Estatuto era uno de los puntos estelares de la conferencia que Artur Mas ha anunciado para el día 21, en su calidad de candidato de CiU a la presidencia de la Generalitat en las próximas elecciones autonómicas. La necesidad de escenificar la existencia del bloque nacionalista en el debate parlamentario ha obligado a CiU a lanzar este cohete antes de lo previsto.

Esta cuestión centró ayer la atención en la votación de las resoluciones con que finalizó el debate sobre la orientación del Gobierno catalán iniciado el martes. Pero la votación de las restantes resoluciones puso de manifiesto la solidez del pacto CiU-PP. Ambos grupos parlamentarios se apoyaron mutuamente de modo que prosperaron las restantes resoluciones presentadas por CiU, más de 60 del PP y ninguna de los socialistas y de Iniciativa per Catalunya Verds, que habían planteado la reprobación del Gobierno y el adelanto de las elecciones.

Aparte de las más de 60 resoluciones, la mayoría de CiU y PP sirvió también para rechazar una resolución, presentada por Esquerra Republicana, por la que se pedía la retirada de la Ley de Partidos y otra de Iniciativa per Catalunya Verds contra el apoyo de España a un eventual ataque de Estados Unidos y sus aliados contra Irak.

Este balance de las votaciones permitió que Duran proclamara, una vez finalizado el plenario, que el líder de la oposición socialista, Pasqual Maragall, ha fracasado en su intento de adelantar las elecciones y le retara a presentar una segunda moción de censura. Por el contrario, los socialistas mostraron su satisfacción porque los debates han mostrado, dijo el portavoz de su grupo parlamentario, Joaquim Nadal, que 'hay un presidente que se va, Pujol, y otro que viene, Maragall'.

La alianza nacionalista entre Convergència i Unió y Esquerra Republicana desagradó al Partido Popular, el aliado de Jordi Pujol en las dos últimas legislaturas. Aunque los populares presentaron un sinfín de propuestas para castigar a CiU, tan sólo consiguieron su objetivo en un punto: la retirada del anteproyecto de decreto sobre el juego. El PP consiguió el apoyo de socialistas e Iniciativa per Catalunya, que con anterioridad ya habían rechazado esta norma, mientras que Esquerra optó por la abstención y CiU votó en contra.

El anteproyecto reformaba casi la mitad de los 48 artículos del decreto que regula las máquinas tragaperras y hubiera supuesto, entre otros aspectos, el incremento del precio por partida hasta 25 céntimos, la supresión de los premios pequeños, el aumento de los premios máximos hasta 150 euros y la reducción de la duración por apuesta de cinco a tres segundos.

Organizaciones dedicadas al tratamiento de la ludopatía y la oposición socialista habían expresado al Gobierno catalán su rechazo a este proyecto, por considerar que estimularía la adicción al juego. El parlamentario Joan Ferran acusó a CiU de querer favorecer a las grandes empresas de aparatos recreativos, algunas de ellas con dificultades financieras. 'La industria del juego es el principal contribuyente de la Generalitat', recordó Ferran.

La portavoz parlamentaria del PP, Dolors Nadal, justificó la retirada del anteproyecto como un gesto contra la extensión de la ludopatía y el rechazo a que la Administración catalana favorezca 'oscuros intereses de algunas empresas del sector'.