Sólo 44 pacientes tendrán que esperar más de seis meses para una operación
Los enfermos afectados renuncian a acudir a la sanidad privada
Cualquier andaluz que lleve más de seis meses esperando para operarse puede recurrir ya la sanidad privada. No tendrá más que elegir médico y clínica, y el SAS correrá con los gastos. Eso sí, la Junta ha fijado unas tarifas que no pueden sobrepasarse. Ayer, sin embargo, el titular de Salud, Francisco Vallejo, afirmó que 'en esta situación' sólo quedan 44 pacientes, 'y todos han aceptado acudir a un centro público cuando les toque', añadió.
Lo que parecía un reto imposible de alcanzar, la Junta lo ha conseguido. Cuando hace seis meses entró en vigor el decreto que garantizaba la posibilidad de acudir a un hospital privado para operarse si la espera quirúrgica superaba los 180 días, casi nadie creyó que fuera a tener éxito. 'Fueron muchos los detractores y más los que nos auguraron un fracaso rotundo', dicen en la dirección general de Asistencia Sanitaria del SAS, departamento desde el que se ha coordinado este ingente proyecto que ha permitido reducir, en dos años, la cifra de 12.000 operaciones pendientes (algunas con varios años de espera) a las 44 que, ayer, el consejero de Salud comentó que en ese momento estaban pendientes de hacer.
En la Junta aseguran que la fecha del día tres de octubre de 2002 va a ser un hito difícil de superar en la gestión sanitaria pública. El gerente de uno de los hospitales estrella de Andalucía, el Reina Sofía de Córdoba, habla de lo ocurrido en estos dos últimos años el centro que dirige como de 'una experiencia revolucionaria'. Por su parte, el titular de Salud, dice que 'se ha demostrado que los compromisos políticos, cuando se cree en ellos y se trabaja con ganas, se cumplen'.
Sea como fuere, Salud ha implicado, para alcanzar el objetivo de reducir la espera quirúrgica de más de seis meses a cero, a una gran mayoría de sus 80.000 trabajadores. Aunque 'sobre todo', precisan en el SAS, ha sido ese millar de personas que han trabajado en los 88 equipos móviles de cirugía creados al efecto, las que, en fines de semana, en jornadas de mañana y tarde, y desplazándose a aquel hospital en el que hiciese falta, han logrado reducir a cero estas listas.
A las arcas públicas, este trabajo extra, no le ha supuesto en el último año, más de 6 millones de euros. 'Una cifra insignificante para el problema que hemos resuelto. Y si tenemos en cuenta que el presupuesto andaluz de salud se acerca ya a los 6.000 millones de euros, el coste económico aún, creo yo, es más relativo', reflexiona Joaquín Carmona, el director general de Asistencia Sanitaria.
En todo caso, si los resultados son los que cuentan, Vallejo confirma que, de los 32 hospitales públicos que tiene Andalucía, en 29 de ellos no queda ya ni un sólo paciente pendiente de cirugía que lleve esperando más de 6 meses. Y en cuanto a los 44 enfermos que sí superan este tiempo de espera (uno en Sevilla, otro en Granada y 42 en Córdoba) todos han optado por esperar. A todos se les ha ofrecido trasladarse a otro hospital para operarse 'pero ellos quieren que sea con su médico y en su hospital', le han dicho al SAS, donde prefieren operarse. De este modo, al no aceptar trasladarse de centro sanitario, pierden el derecho a acudir a un centro privado en el caso de que ahora cambiasen de opinión.
La Junta, en previsión de que alguien, llegado el momento, decidiese acudir a un hospital privado, ha establecido unos precios que son los que, a la postre, abonará a la empresa que realice la intervención. Por ejemplo, por una sustitución total de cadera el SAS acepta pagar como máximo 1.590 euros. En cambio, por una extirpación de hemorroides, la sanidad pública sólo acepta pagar 642 euros, aunque al paciente la clínica privada le pueda pedir mucho más.
Al decreto de garantía quirúrgica pueden acogerse las personas residentes en Andalucía. Quedan excluidas, no obstante, las que han de someterse a operaciones urgentes, y las que están pendientes de un transplante ya que dependen de las donaciones que haya. También se excluyen las operaciones de cirugía estética (siempre que no sea terapéutica) y otras intervenciones consideradas menores, es decir, aquéllas que no conllevan riesgos, discapacidad o dolor para el enfermo.
Los pacientes se incorporan al Registro de demanda quirúrgica en el mismo momento en que el especialista prescribe su intervención.
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