La Junta negocia con la FAMP que la Policía Local participe en la prevención de accidentes laborales

Las Administraciones y los agentes sociales han pactado un arsenal de medidas en los últimos años para evitar los accidentes laborales, pero las estadísticas certifican que el avance es muy lento: los siniestros se reducen algo pero, según los datos expuestos ayer en el Parlamento por el consejero de Empleo, José Antonio Viera, el número de víctimas se mantiene respecto al año pasado. Viera anunció que la Junta quiere involucrar en 2003 a las Policías Autonómica y Local en la lucha contra la siniestralidad laboral, iniciativa que negocia con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.

Viera aseguró en la comisión parlamentaria de Empleo que el Ejecutivo andaluz ha propuesto a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) que la Policía Local asuma labores de vigilancia para cerciorarse de que, en cada pueblo, las empresas cumplen las medidas de seguridad laboral. El resultado de estas comprobaciones se pondría en conocimiento de la Inspección de Trabajo, y en su caso, de la Fiscalía.

La puesta en marcha de esta medida depende ahora del resultado de la negociación abierta con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), pero el consejero expresó su intención de que los policías locales participen en la prevención de accidentes laborales el próximo año y aseguró los presupuestos autonómicos financiarán el coste de esta iniciativa.

El consejero de Empleo informó también de que su departamento discute con la Consejería de Gobernación la creación dentro de la Policía Autonómica de un grupo especializado en la seguridad laboral que, según sus previsiones, estará operativo en enero de 2003.

En su intervención en la comisión parlamentaria, Viera mantuvo que las medidas pactadas en el último acuerdo de concertación social con empresarios y sindicatos calarán a medio plazo y que las campañas informativas en empresas y centros educativos contribuirán a crear una nueva cultura de prevención de riesgos, que permitirá reducir los índices de siniestralidad.

Las estadísticas que expuso el consejero de Empleo, sin embargo, sólo reflejan una ligerísima mejora: hasta agosto, el número de accidentes laborales graves se redujo un 3,4% respecto al número de siniestros acumulados hasta el mismo mes del año pasado, mientras que los accidentes leves crecieron un 1,86% y los mortales apenas sufrieron variación, cuando en el conjunto del Estado se registró un repunte cercano al 10%. Según el índice de siniestralidad laboral (número de accidentes por cada 1.000 trabajadores), Andalucía ocupa la décima posición entre las diecisiete comunidades autónomas.

Retrasos

El escaso impacto de las medidas pactadas en el acuerdo de concertación social contra la siniestralidad laboral, se debe, entre otras cosas, a que muchas de ellas aún no se han puesto en práctica. Viera reconoció, por ejemplo, que el Instituto de Prevención de Riesgos Laborales, llamado a coordinar toda la política autonómica en esta materia 'avanza con dificultades', aún cuando la Consejería redactó el borrador del anteproyecto de ley hace meses. Un parón que el consejero de Empleo achacó a la falta de acuerdo entre sindicatos y empresarios, que también formarán parte de este organismo. De la creación del Instituto depende la puesta en marcha de un cuerpo de autonómico de asesores en prevención de riesgos, que tendrían como misión completar la labor de los inspectores de Trabajo.

Viera también atribuyó al desacuerdo entre sindicatos y empresarios que no se haya abierto el registro de empresas que cumplen la normativa de seguridad laboral. El consejero de Empleo advirtió de que si en los próximos meses no hay consenso sacará una normativa para primar a las empresas cumplidoras de la ley en las contrataciones públicas y en las subvenciones y penalizar a las que no acatan la legalidad.

La parlamentaria del PP, Carmen Navarro hizo hincapié en estos retrasos para criticar a la Consejería de Empleo por su política de prevención de la siniestralidad laboral que, recalcó, es competencia de la Junta y no del Gobierno central.

Navarro denunció también las dificultades de las microempresas en poner en marcha medidas de lucha contra la siniestralidad. Según sus datos, Andalucía cerró el año pasado con 144.331 accidentes laborales, fue la comunidad que más creció en bajas laborales, una tendencias que se ha mantenido en el primer semestre de este año.