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Una maniobra política frustrada

Juan Arias

El 16 de septiembre pasado las autoridades de Río de Janeiro ya sabían que de la cárcel de máxima seguridad de la ciudad había partido la orden de los narcotraficantes de paralizar Río, atemorizando a su población. Pero la noticia no saltó a la opinión pública hasta la noche del martes, cuando ya todos los grandes diarios tenían escritos sus editoriales exigiendo a las autoridades que investigaran de dónde había partido la madrugada del lunes la orden de paralizar la ciudad.

El periódico O Globo resumía ayer así el cierre de Río: dos mil autocares parados en los garajes, 800.000 personas sin transporte público, 250 escuelas cerradas, 50 barrios sin comercios y un perjuicio de más de 100 millones de euros.

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Sin duda, una de las hipótesis barajadas era que la orden podía haber salido de las cárceles, y concretamente del Comando Rojo, pero fue enseguida una hipótesis descartada por la policía. Por ello, incluso los editoriales de ayer insistían en la posibilidad de una instrumentación política con motivo de las elecciones del domingo próximo. El diario Jornal do Brasil escribía, antes de conocer la verdad de los hechos: 'Mientras existan manchas de sombras

, la sociedad no podrá conciliar el sueño y el Gobierno sentirá el peso de su conciencia'.

Pero el gran golpe de escena es que el mismo director de Seguridad del Estado de Río, Roberto Aguiar -que había lanzado sospechas sobre la posibilidad de la hipótesis política-, tenía en su poder desde hace 15 días una grabación realizada por el juez en la cárcel de máxima seguridad Bangú I, donde están los presos del narcotráfico, en la que se anunciaba claramente lo ocurrido el lunes.

'Vamos a paralizar la Zona Sur de la ciudad, tiene que parar todo, todo el comercio, todo, para demostrarles que somos inteligentes, ya que encerraron a nuestros amigos en los calabozos'.

Las palabras son del traficante Marquinhos Niterói, que habla desde el penal de Bangú I (al oeste de Río) con un cómplice anónimo. Y eso a pesar de que, tras la matanza allí en días pasados, ordenada por el famoso bandido Fernandinho Bera Mar, la policía insistió en que en la cárcel no había quedado ni un solo teléfono y que los narcotraficantes estaban en total aislamiento.

¿Por qué el director de seguridad y el Gobierno de la gobernadora del Estado de Río, Benedita da Silva, y el alcalde Cesar Maia, negaron a la población tal información sin alertarla? 'Porque no se hablaba en la grabación ni del día ni de la hora y no queríamos atemorizar a la gente', dijo ayer Aguiar, quien añadió: 'Estábamos examinando si la grabación era verdadera o falsa o manipulada'.

Pero la pregunta más grave es por qué las autoridades el mismo lunes, antes de dejar que se especulase con la hipótesis política, no hicieron pública la grabación. Lo hicieron sólo cuando el Comando Rojo, la tarde del martes, empezó a repartir pasquines por la ciudad con un comunicado en el que se atribuían el mérito de haber parado la ciudad.

Si la hipótesis política podía haber tenido repercusiones en las elecciones del domingo, ahora el golpe de escena podrá tenerlas doblemente. Las autoridades tendrán que explicar por qué no zanjaron, con la verdad en la mano, los ríos de tinta de especulaciones de orden político.

Y, como aparecía en los primeros comentarios de ayer, de poco vale decir ahora que también es posible que los presos fueran manipulados por alguien fuera de la cárcel para crear el caos. Lo que no podían las autoridades del Estado y de la ciudad era ocultar los documentos que tenían en sus manos desde el primer momento.

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