Para una generación

El lehendakari Ibarretxe expuso el pasado viernes en el Parlamento de Vitoria, de forma pormenorizada y con un calendario preciso, el argumento de la segunda etapa ideada para construir de manera gradualista e irreversible un Estado independiente formado por el País Vasco, Navarra y los territorios ultrapirenaicos franceses. El instrumento será un Pacto Político encargado de sustituir al Estatuto de Gernika, desguazado unilateralmente por los nacionalistas como chatarra vieja. La naturalidad de Ibarretxe a la hora de ir desgranando ese 'proyecto de convivencia basado en la libre asociación y la soberanía compartida' se revistió de un tono imperativo para anunciar su ejecución: si bien las puertas de la negociación 'van a estar permanentemente abiertas' a los representantes del 40% del electorado no nacionalista, el lehendakari advierte desde ahora de que no tolerará las posiciones críticas (rebautizadas como 'derechos de veto') de la oposición parlamentaria 'que nos encadenen al fondo del pozo'. Ni la cortesía retórica de Ibarretxe avala la corrección de sus tesis, ni la buena voluntad de los arbitristas acredita la deseabilidad de los inventos cuando -como sucede en esta ocasión- son disparatados o están cargados de peligros.

El Pacto Político de Ibarretxe constituye un eslabón en el proceso de construcción nacionalista de una Euskal Herria unificada e independiente -asentada sobre ambos lados de los Pirineos- a través de una larga marcha histórica. Esa propuesta de libre asociación del País Vasco con España -aclaró anteayer el lehendakari a Iñaki Gabilondo en el programa radiofónico Hoy por Hoy- servirá 'para convivir una próxima generación'. Así como el Estatuto de Gernika fue al parecer programado para durar sólo las tres décadas de la anterior generación, el Pacto Político es también un adelanto a cuenta: agotada su virtualidad dentro de treinta años, la insaciable deuda histórica del Pueblo Vasco -siempre con mayúsculas- buscará nuevos pagadores. El ámbito geográfico donde habita desde hace milenios esa esencia colectiva, conocida indistintamente como 'Vasconia, Reino de Navarra, Euskalherria, País Vasco-Navarro, Euskadi o País Vasco', es el blanco irrenunciable de sus reivindicaciones irredentistas. Dado que la presencia electoral nacionalista es minoritaria en Navarra (alrededor del 15%) y prácticamente marginal en la zona vasco-francesa (un 5%), el motor de esa travesía secular no es la población sino el destino manifiesto del territorio sagrado transpirenaico, auténtico titular de los derechos históricos de la soberanía originaria del Pueblo Vasco que fue secuestrada en su día por España y Francia.

Aunque el carácter puramente mitológico de las leyendas inventadas por los nacionalistas para justificar sus reivindicaciones haya sido desmontado hasta la saciedad por los historiadores, el discurso victimista del conflicto secular del País Vasco con España y Francia continúa alimentando al independentismo. La invocación del lehendakari a los principios de la democracia no debe llamar a engaño: la aprobación -por la Cámara o mediante referéndum- del Pacto Político sin el concurso de los vascos no nacionalistas (PP y PSOE sumaron el 40% de los sufragios en las elecciones autonómicas de 2001) implicaría un fraude. En los regímenes democráticos, la regla de la mayoría simple (digamos, el 50,01% de los sufragios emitidos) sirve para dirimir los conflictos situados dentro del sistema; en cambio, las decisiones sobre cuestiones básicas relativas a la convivencia en sociedades atravesadas por profundas divisones identitarias exigen -así lo ha indicado el Tribunal Supremo de Canadá sobre la separación de Quebec- mayorías cualificadas, preguntas inequívocas y negociaciones reñidas con las medidas unilaterales. El lehendakari Ibarretxe no parece dispuesto a mantener o incluso a elevar -como sería deseable- el listón del 53% sobre el censo electoral logrado en el referéndum del Estatuto de Gernika de 1979 (el 90% de síes con una participación del 60%) para hacer aprobar su Pacto Político; todo hace suponer que se conformaría con una eventual mayoría sin cualificar parlamentaria y refrendataria de la que quedarían marginados los ciudadanos vascos no nacionalistas, un segmento cercano a la mitad de la población de la Comunidad Autónoma y mayoritario en territorio alavés.