El desafío del desmantelamiento

Desmantelar una central nuclear es un proceso de elevado coste, que puede resultar más largo que el de construirla y muy complejo por la escasez de precedentes y la falta de resolución de algunos problemas técnicos asociados, que afectan fundamentalmente a la reducción de la peligrosidad del combustible gastado.

Zorita no será una excepción, aunque parte con dos ventajas sustanciales respecto a Vandellós I, cerrada en 1989 tras un grave incendio: su menor tamaño, que disminuye el volumen de combustible y de residuos a tratar, y su diferente diseño, ya que Zorita funciona con un reactor de agua a presión (el más común) y la central tarraconense lo hacía con uno de grafito-gas que producía un isótopo, cobalto 60, de lenta eliminación. De hecho, en Vandellós I se retiró ya el combustible atómico (que se envió a Francia) y concluirá a finales de año la fase de desmantelamiento y tratamiento de los edificios, excepto del cajón del reactor, con muros de hormigón de 3,5 metros de espesor y una nueva cubierta metálica. Tras un periodo de latencia de 25 años, la radiactividad en el interior de esta estructura será lo suficientemente baja como para que se pueda derribar y que el conjunto de la instalación sea utilizable para cualquier uso.

La principal incógnita es qué ocurrirá con el combustible gastado, altamente radiactivo

El coste de todo el proceso, que realiza la Empresa Nacional de Residuos (Enresa) con fondos que proceden del recibo de la luz que pagan los consumidores, se calcula en unos 300 millones de euros (unos 50.000 millones de pesetas), aunque no sería de extrañar que, finalmente, resulte muy superior.

En su comparecencia del lunes ante una comisión del Congreso, Antonio Colino, presidente de Enresa, dio las primeras pistas de cómo irán las cosas en Zorita. La central, aseguró, estará limpia hacia el año 2015. De acuerdo con lo previsto por el Plan de Residuos Radiactivos de 1999, el desmantelamiento comenzará tres años después del cierre, es decir, el año 2009. Será entonces cuando Unión Fenosa entregue las instalaciones a Enresa, cuyo presidente calcula que se completará el proceso en cinco o seis años, en torno a 2015, 13 años antes que en Vandellós, pese a que la central tarraconenses se cerró 17 años antes de cuando lo hará Zorita.

Además de la cuestión del tamaño, juega a favor de la planta alcarreña el hecho de que, por sus características, las tres fases del desmantelamiento (retirada del combustible, desmontaje de los edificios excepto el del reactor, y retirada de éste con sus estructuras) se efectuarán de una tacada.

El proceso podría reducirse aún más si prospera la iniciativa del PSOE e IU, apoyada por los grupos ecologistas, de que Unión Fenosa entregue el plan de desmantelamiento con urgencia, tal vez en 2003, y se ponga en práctica apenas cierre la central en abril de 2006. El proceso, asegura Carlos Bravo, de Greenpeace, será una oportunidad de oro para Enresa, que adquirirá una experiencia muy valiosa que podrá rentabilizar en el exterior.

Colino explicó lo que se daba por descontado: que el 98% de los residuos radiactivos (los de baja y media intensidad) irán a parar al cementerio nuclear de El Cabril (Córdoba), una vez acondicionados para eliminar riesgos durante el transporte y almacenamiento.

El presidente de Enresa, sin embargo, no pudo despejar (no estaba en su mano) la principal incógnita: qué ocurrirá con los residuos de alta actividad, básicamente el combustible gastado. Según explica el director de Zorita, Aquilino Rodríguez, la piscina contigua al reactor en que se va guardando tiene capacidad hasta 2015. Pero tendrán que salir de ahí tras el cierre de la central.

A largo plazo, si se resuelve una batería de problemas científicos y económicos, el plan que más consenso suscita es la construcción de un almacén geológico profundo (AGP) que recibiría los residuos de alta actividad de todas las centrales. Antes de eso, para 2010, se prevé levantar en superficie un almacén temporal centralizado (ATC). Pero el cierre de Zorita obligará probablemente a una decisión más rápida y específica, aunque sea temporal. Hay dos opciones: utilizar el almacén de superficie con el que ya cuenta la cercana central de Trillo (cuya tecnología alemana ha hecho que se llene la piscina en apenas 14 años) o construir uno individual para la planta alcarreña. Ésta es la opción que defiende Greenpeace, opuesta radicalmente al transporte, que considera muy peligroso, de los residuos de alta actividad.

La cuestión será objeto en los próximos años de un amplio debate político, económico y social. Y Zorita será la piedra de toque que acelere el proceso de decisión.