La escoba de las brujas

TRAS VARIOS MESES dedicados a contestar a las críticas socialistas con la negación de la evidencia, el Gobierno se ha visto finalmente compelido por los hechos a reconocer el creciente deterioro de la seguridad ciudadana. Pocos días antes de que la memoria de la Fiscalía informase sobre la escalada de las diligencias penales durante 2001, los ministros Rajoy, Michavilla y Acebes presentaban un Plan de Lucha contra la Delincuencia, cartel de propaganda electoral fabricado con materiales diversos: desde la reforma parlamentaria del Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley del Menor hasta el aumento de las fuerzas de seguridad del Estado. Si el paisano del cuento gallego aceptaba a pie juntillas la existencia de las meigas y sólo dudaba de la posibilidad de encontrarlas, el PP ha pasado del descreimiento en las brujas delictivas a patentar un plan escoba para barrerlas -Aznar dixit- de las calles.

El Gobierno abandona su anterior estrategia de negar el aumento de los comportamientos penales bajo su mandato y presenta un Plan de Lucha contra la Delincuencia de inequívoco tono electoralista

Aunque el Gobierno rechaza toda responsabilidad en el aumento de criminalidad reconocido por el Fiscal del Estado durante la apertura del año judicial, sus negligencias y omisiones al respecto son obvias. La promesa de reforzar con 20.000 nuevas altas a la Policía Nacional y a la Guardia Civil en los próximos tres años (el saldo neto sería bastante menor debido a la sangría de las jubilaciones sobre las plantillas) no absuelve al Gobierno de la anomalía clasista de que la seguridad privada haya aumentado en 27.000 vigilantes (hasta un total de 90.000) durante el mandato del PP, mientras que la Seguridad del Estado disminuía en 6.000 agentes.

La ocupación de las cárceles -estación terminal del proceso iniciado con la apertura de los sumarios-es otro índice significativo de la situación de la delincuencia: si la población reclusa sumaba a comienzos de septiembre algo más de 50.000 personas (de las cuales 39.000 condenadas y 11.000 en prisión preventiva), las reformas procesales anunciadas por el Gobierno a fin de ampliar los supuestos de prisión preventiva y recortar el tercer grado y las libertades condicionales podrían provocar -aparte de problemas de constitucionalidad- el hacinamiento de las prisiones. También en este campo la Administración penitenciaria del PP ha cometido fallos escandalosos: 8.000 reclusos comparten actualmente las celdas, pese a que hay 2.200 disponibles que se hallan vacías por falta del personal de vigilancia adecuado.

Lejos de dar la cara y de asumir sus culpas, el Gobierno atribuye ahora -cuando ya le resulta imposible negar los hechos- el deterioro de la seguridad ciudadana bajo su mandato a irresistibles movimientos tectónicos de alcance universal o trata de quitarse las pulgas de encima para descargarlas sobre el PSOE. La maniquea tendencia del PP a presentar la lucha contra los delincuentes y el combate contra las causas del delito como términos excluyentes de un falso dilema, en vez de como las caras complementarias del mismo problema, orienta la política criminal gubernamental. El gran aumento de la inmigración sirve de coartada para ambos propósitos: de un lado, los magrebíes, subsaharianos y latinoamericanos llegados a España en busca de trabajo son transformados en el chivo expiatorio de todos los males; de otro, el PSOE es acusado sin el menor fundamento de reclamar la irrestricta e incondicional concesión de papeles a cualquier extranjero sin permiso de residencia (aunque forme parte de una mafia de delincuentes). La bochornosa proclama casticista sobre los peligros del mestizaje cultural y contra la regularización legislativa o gubernativa de inmigrantes lanzada en la inauguración del año judicial por el incontinente presidente del Tribunal Supremo alienta la insensata política electoral del PP, dirigida a rebañar votos xenófobos mediante una acrítica correlación entre delincuencia e inmigración: sólo el cuidadoso análisis de esa compleja interacción causal, donde confluyen la marginación social de los parados, la sobreexplotación de los empleados y las instrucciones de la fiscalía sobre la prisión preventiva permitiría sustituir las simplezas demagógicas por los diagnósticos ciertos.