El poder marca el camino

Coincidiendo con la subida al trono de Mohamed VI en 1999, se alzaron algunas voces para reclamar elecciones anticipadas. El razonamiento era el siguiente: la sucesión abría la puerta a una verdadera ruptura con el pasado. Esta ruptura, que se creía que deseaba el propio monarca, sólo podía realizarse si los ciudadanos estaban convencidos de su credibilidad. Pero, ¿cómo se podía creer en ello mientras persistía un Parlamento que, según el propio primer ministro, surgió de unas elecciones amañadas? La prensa del Gobierno y del entorno del rey barrieron de un manotazo este argumento. Oficialmente, se situaban dentro del continuismo oficial y del respeto del calendario electoral; oficiosamente, no contemplaron en ningún momento lanzarse a lo desconocido.

¿Acaso el régimen marroquí se ha sumado de pronto a las tesis democráticas?

Tres años más tarde, el índice de analfabetismo es prácticamente el mismo que entonces y los indicadores socioeconómicos incluso han empeorado. Del puesto 112 de la clasificación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en 1997, Marruecos ha bajado a la 123ª posición.

Las elecciones se han celebrado. ¿Acaso el régimen marroquí se ha sumado de pronto a las tesis democráticas? No es seguro. Varios elementos permiten afirmar que en este caso concreto el poder ha marcado el camino. Para empezar, el proceso electoral ha sido técnicamente arreglado para evitar las malas sorpresas. Ya la ley electoral ha marcado la pauta. Así, la edad necesaria para votar ha sido mantenida en los 20 años. Una medida que permite evitar la franja de edad de 18-20 años, considerada proislamista. Asimismo, el proyecto de ley preveía mantener la exclusión de los candidatos Sin Adscripción Política (SAP). Esta decisión fue decretada por Hassan II bajo el pretexto oficial de reforzar a los partidos políticos. En realidad, se trataba de evitar que determinados movimientos prohibidos utilizasen los SAP como caballo de Troya. Una medida anticonstitucional que terminó por hacer reaccionar al Consejo Constitucional que la invalidó en junio pasado. Sin embargo, aceptó que la ley electoral establezca como condición para la candidatura de un SAP el obtener 500 firmas de cargos electos.

La distribución electoral también es reveladora de esta estrategia de exclusión. Así, se ha observado un aumento del número de circunscripciones rurales en detrimento de las urbanas. Y el islamismo es un fenómeno urbano, como todos los movimientos contestatarios en Marruecos, por cierto. Por último, escoger el método proporcional para realizar el escrutinio permite, como mínimo, mantener la balcanización de la escena política. La probabilidad de que surja una fuerza política de peso cuya legitimidad pueda desafiar a la Monarquía queda reducida. Conviene también destacar la actitud sumamente conciliadora del partido islamista con representación parlamentaria, el Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD). El PJD, que desde su nacimiento ha adoptado una estrategia de integración suave dentro de la esfera política oficial, ha afirmado, a través de uno de sus líderes, que no deseaban lograr una victoria aplastante. El partido sólo se ha presentado en 50 circunscripciones de un total de más de noventa.

Lo que resulta destacable es la adhesión de los llamados partidos nacionales, actualmente en el Gobierno, a los planes de la Monarquía. Un ejemplo entre otros muchos: aunque la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USPF), cuyo secretario general es el propio primer ministro, reivindicó durante su último congreso adelantar a los 18 años la edad mínima para votar, ahora se ha sumado sin chistar a las tesis del Ministerio del Interior. Tampoco ha criticado la distribución electoral cuando en las consultas realizadas no dejó de estigmatizar el incumplimiento de las reglas elementales de la representatividad. En realidad, la alternancia ha desembocado en una domesticación notable del partido de Abderramán Yussufi. Si la relación de fuerzas entre la USPF y la Monarquía no era de por sí favorable para la primera en el momento de la alternancia, lo es aún menos ahora tras cinco años de gobierno. En los discursos de los pesos pesados de la USPF ya no se menciona la reforma constitucional. Los llamados ministros de soberanía, que son nombrados directamente por el rey y que detentan carteras estratégicas como Asuntos Exteriores, Justicia, Interior o Asuntos Religiosos, están en la actualidad totalmente aceptados.

Por último, el reducir las prerrogativas del Gobierno en materia económica en favor del gabinete del Rey no parece haber molestado mucho al equipo de Yussufi. Hay que decir que la división del partido con la marcha masiva de los miembros de la dirección de su organización juvenil, por otro lado muy populares, la retirada de un grupo de intelectuales respetados conocido bajo el nombre de Fidelidad a la Democracia y, finalmente, la escisión de la sección sindical, antaño punta de lanza del partido en la relación de fuerzas con palacio, han contribuido en gran medida a que los amigos de Yussufi se hayan vuelto más mansos. Por todas estas razones, el régimen puede permitirse el lujo de organizar unas elecciones transparentes.

Los beneficios para el régimen de unas elecciones libres no son nada desdeñables. En caso de éxito, el rey Mohamed VI puede recuperar el lustre que le acompañó cuando accedió al poder y la reputación de rey demócrata lograda al principio de su reinado. Esta reputación ha quedado minada, por un lado, por las numerosas decisiones represivas contra la prensa libre y, por otro, por los escándalos económicos en los que se han visto implicadas personas cercanas al poder.

El sistema de Gobierno que conoce Marruecos desde hace cuatro décadas ha fracasado en el plano social y económico. Este fracaso corre hoy el riesgo de barrer las instituciones del país. De nada vale el maquiavelismo político cuando se es incapaz de situar al país en la vía del crecimiento y de la justicia social.

Aboubakr Jamaï es director de los semanarios marroquíes Le Journal Hebdomadaire y Assaifa Al Ousbouiya.