Francia primará a la policía sobre los jueces en la lucha contra la inseguridad

Acceso policial a los ficheros informáticos, extensión de las escuchas telefónicas, adiós a la ley de presunción de inocencia. El Ministerio del Interior francés prepara una nueva ley de seguridad que otorga a la policía poderes muy amplios en detrimento del control judicial, cuya filtración provocó ayer la alarma de las asociaciones de jueces y las organizaciones de derechos humanos. El ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, señaló como autor de la filtración al Sindicato de Magistrados, la principal asociación de jueces, y le hizo responsable intelectual del 'nivel al que ha llegado la inseguridad en nuestro país'.

Sarkozy confirmó la voluntad de 'ofrecer a los franceses la seguridad y la tranquilidad pública que necesitan', y arremetió contra la asociación de jueces: 'La política de seguridad interior de Francia no se hará exclusivamente según las concepciones del Sindicato de la Magistratura, concepciones de las que ya hemos visto adónde ha conducido la inseguridad en nuestro país', afirmó el ministro en una conferencia de prensa. 'Ya hemos visto hasta dónde ha aumentado la inseguridad y hasta qué punto ha exasperado a nuestros conciudadanos, que nos piden que aportemos respuestas a nuevos fenómenos de delincuencia que han provocado mucha tensión y que han conducido a Jean-Marie Le Pen a la segunda vuelta de la elección presidencial', remachó.

Nueve meses después de las manifestaciones callejeras protagonizadas por policías y gendarmes, la toma del poder por la derecha puede desembocar en un abanico de medidas represivas mayor del que representa la posibilidad de encerrar a un menor desde los 13 años de edad, ya adoptada. Fuentes de los sindicatos policiales afirman que Sarkozy se ha comprometido a dar 'mayor dinamismo a las investigaciones, más tiempo y más medios', vaciando de contenido la ley de la presunción de inocencia promovida en tiempos del Gobierno socialista, que valió a su promotora, la ex ministra socialista Elisabeth Guigou, ser vejada como 'patrona de los granujas' durante las manifestaciones policiales.

'Las libertades, amenazadas', proclamaba ayer Le Monde en un editorial contra 'una visión policial de la sociedad' que supone volver atrás después de 'veinte años de progreso de las libertades individuales'. Sarkozy aseguró que los datos difundidos proceden de un 'documento de trabajo, ya superado', pero defendió el texto en preparación y confirmó la voluntad de presentar una ley al Consejo de Ministros en octubre próximo. Con esas cautelas por delante, éstas son algunas de las medidas estudiadas:

- Ficheros informáticos. La policía tendrá acceso a los datos de los ficheros nominativos de la Seguridad Social y otros organismos públicos, a efectos de investigación de delitos o de indicios de delitos. El fichero de huellas genéticas, hasta ahora limitado a delitos sexuales, puede extenderse a otros criminales. Se suprimiría el límite al uso de los datos incluidos en ficheros policiales.

- Contra los okupas. Penas de seis meses de cárcel y 3.000 euros de multa para los que se instalen 'ilícitamente' en una propiedad pública o privada. La medida va contra los okupas de edificios y los que deambulan en coches-caravana y sin domicilio fijo.

- Contra los mendigos. La mendicidad dejó de ser un delito en 1994, pero volverá al Código Penal en caso de que prospere el proyecto de Sarkozy, con penas de hasta seis meses de cárcel y fuertes multas cuando se practique en grupos, con niños o en presencia de animales. Se crea el delito de 'explotación de la mendicidad', castigado hasta con tres años de cárcel.

- Contra la prostitución. Seis meses de prisión para la 'incitación a relaciones sexuales' -hasta ahora susceptible de multa- y retirada del permiso de residencia en Francia a todo extranjero que se dedique a ese 'reclutamiento sexual' y al proxenetismo.

- Contra el absentismo escolar. Hasta cinco años de prisión al que emplee a un menor durante la jornada escolar y 2.000 euros de multa al que tenga la patria potestad sobre un menor que se ausente cuatro medias jornadas de clase al mes sin justificación.

- Jóvenes. Seis meses de prisión y 7.500 euros de multa a los jóvenes que participen en reuniones en las partes comunes de los edificios, frecuentemente señaladas como fuente de inseguridad para los inquilinos o propietarios. Supresión de la obligación de presentar al fiscal a los menores detenidos de entre 16 y 18 años, que sufrirán un régimen de detención similar al de los adultos.

La Liga de los Derechos Humanos (LDH) salió al paso de un proyecto que juzga 'terrorífico' y considera inspirado en la ideología del presidente del Frente Nacional, Jean-Marie Le Pen. El Sindicato de la Magistratura, asociación mayoritaria entre los jueces, y la asociación minoritaria eludieron la polémica directa con Sarkozy y reaccionaron indignados ante un proyecto de ley que reforma el procedimiento penal y crea nuevos tipos delictivos 'bajo la tutela del Ministerio del Interior'.