Seguridad privada a destajo

Haga un breve ejercicio. Sitúese en la principal arteria comercial de su ciudad, ésa donde menudean bancos y tiendas de postín. Cuente a todos los vigilantes privados de seguridad que vaya viendo en su paseo tras las puertas de los establecimientos. Si la calle elegida es la de Serrano de Madrid, el paseo de Gracia de Barcelona o la calle Larios de Málaga verá que abundan los uniformados de todos los colores, con pistola o porra o las dos cosas. Míreles al pecho: si llevan una chapa metálica blanca con la leyenda Vigilante de Seguridad en rojo seguida de un número, serán uno de los más de 90.000 vigilantes legales y acreditados por el Ministerio del Interior. Si no la llevan, desconfíe: serán uno de esos 10.000 intrusos del sector.

La distinción tiene su miga. El legal tiene que cumplir una serie de requisitos establecidos por ley, hacer un curso y superar un examen. Y generalmente tiene el respaldo de una empresa que responde por él. El ilegal es otra cosa: 'A los legales nos piden muchas condiciones y a los otros, a los intrusos, a veces les vale una formación de gimnasio, modelo musculatura para que les pongan una camiseta negra que pone seguridad y basta', explica Ramón Domingo Arnau, vigilante y vocal de formación del área de Seguridad Privada del CSI-CSIF de Baleares.

Juan Antonio Bejarano, coordinador delegado de Alternativa Sindical, una central profesional en expansión, agrega que no hay que recurrir a la figura del portero de discoteca sin titulación, modelo armario ropero de dos puertas. 'Nosotros hemos denunciado casos de intrusismo en lugares como el Metro de Madrid, el aeropuerto de Barajas o Renfe, pero el Ministerio del Interior no nos hace ni caso', explica. Sólo el Defensor del Pueblo les ha facilitado alguna información, firmada por Maria Luisa Cava de Llano, adjunta primera al Defensor. Por ejemplo: localizó a dos empleados de Prosegur en la Terminal I de Barajas sin la habilitación correspondiente, otro en una tienda Aldeasa de la firma Prose SA, con la misma irregularidad o uno de Falcon Servicios de Seguridad Integral que vigilaba el Metro sin cumplir los requisitos.

No obstante, el principal problema de la seguridad privada es la falta de personal (la patronal Aproser afirma que puede ofrecer ya 10.000 puestos de trabajo), que obliga a recurrir a las horas extraordinarias para cubrir servicios. 'La escasez de personal de seguridad obliga a muchas compañías a ampliar las horas extras de los empleados, sobrepasando en muchos casos la jornada laboral pactada con los sindicatos, de 164 horas mensuales', explica Aproser.

El convenio colectivo firmado a primeros de año fija, efectivamente esa jornada, pero hay quien hasta triplica en un mes esas horas. 'Podemos decir que en Madrid hay meses en el que se firman hasta un millón de horas extras', explica Bejarano, quien aporta el dato de un compañero que batió en la capital de España todos los récords: 'Un trabajador de Prosegur se hizo, sin que nadie le obligara, 333 horas, además de las 164, con alguna jornada de 36 horas seguidas'. Eso significa que, de media, hizo 16 horas durante todos y cada uno de los días del mes.

La hora extra, según convenio, se paga a 1.004 pesetas (6,03 euros). 'En las empresas serias no se obliga a nadie a hacer horas de más. Yo, por ejemplo, sí hago algunas horas, pero sin tonterías; a lo mejor un día hago 16 horas, pero no 24 como algunos compañeros', explica Arnau. Las horas suelen completar un sueldo más o menos magro. Las tablas de retribuciones del convenio marco del sector señalan que un vigilante de seguridad debe cobrar, como mínimo, un sueldo bruto mensual de 136.943 pesetas ) 823,04 euros. La retención media por IRPF para esos sueldos está, según los casos entre el 11% y el 13%, por lo que, un segurata nuevo viene a salir por unas 106.000 pesetas limpias al mes, 120.000 si van con pistola. 'Un padre de familia, y somos muchos, no da de comer con ese dinero: y encima trabajas de noche, solo, expuesto y sin reconocimiento de la gente: oiga, que les estamos protegiendo', concluye Arnau. Eso es para los vigilantes a pie de calle. Lo de los directivos es otro cantar: el anterior Comisario General de Policía Judicial, Julio Corrochano, acaba de pasarse como directivo a la seguridad privada.