Opción carcelaria
La inseguridad ciudadana ha logrado centrar, tras seis años de abandono y desidia, la atención política del Gobierno del PP. Su plan de lucha contra la delincuencia, recientemente presentado a bombo y platillo, contiene medidas interesantes como el aumento de plantillas policiales, una mayor coordinación con las policías locales y la instauración de los juicios rápidos, que sólo exigen su aplicación cuanto antes. Pero hay otras muy discutibles, no sólo desde el punto de vista constitucional, sino porque esconden una opción carcelaria que la infeliz frase de Aznar de 'barrer las calles de pequeños delincuentes' -¿por qué no de paso también de los grandes?- ha desvelado con meridiana claridad.
Modificar el modelo penitenciario establecido en la Ley General Penitenciaria de 1979 como pretende el Gobierno -sobre todo, que el cómputo de los beneficios penitenciarios se haga sobre el total de las penas impuestas y no sobre la más grave y, en último término, sobre la de 30 años- no sólo puede dejar en papel mojado el objetivo constitucional de la resinserción. Apunta también a una saturación carcelaria seguramente incompatible con el presupuesto y con unas mínimas condiciones de dignidad en la vida del recluso. Esa opción se corresponde, además, con momentos en que las cárceles españolas baten récords de ocupación. Con más de 51.000 presos, es decir, 125 por cada 100.000 habitantes, España tiene la tasa más alta de población reclusa de la UE, junto con Inglaterra y Gales, sólo comparable con la de los años cuarenta, en plena dictadura franquista.
En los países democráticos, la cárcel debe tender siempre a ser una medida proporcional al delito, y no la panacea frente a los problemas de inseguridad ciudadana, si no se quiere caer en un tipo de sociedad represiva. Lo cual no quiere decir que conductas antisociales menos graves y reiteradas queden impunes. Existen medidas disuasorias o preventivas de tipo policial y otras de carácter sancionador-administrativo o alternativas a la prisión que no se ponen en práctica por desidia política o presupuestaria. Pero la opción carcelaria, además de que puede resultar aberrante pasado cierto límite, es todavía más gravosa: más presos significa más cárceles, más funcionarios, más servicios y, en definitiva, un mayor gasto. ¿Está dispuesto el Gobierno a afrontar ese coste presupuestario y la sociedad española a sufragarlo?
