Respuesta a Rosa Díez

Quisiera contestar la carta de mi colega y respetada conciudadana vasca la eurodiputada Rosa Díez [publicaba el pasado día 18 y titulada Una vergüenza].

Puedo decir que me producen una gran decepción sus posicionamientos, máxime partiendo de una militante de un partido, el PSOE, más que centenario y al que siempre había tenido un gran respeto por su sentido democrático y de defensa de las libertades.

La señora Díez sabe del incuestionable rechazo a la violencia por parte del PNV, así como de su intachable trayectoria democrática. Y digo esto porque quiero dejar claro que nuestros posicionamientos en cuanto a la nueva Ley de Partidos y las decisiones del juez Garzón ni buscan justificar las actitudes de Batasuna ni mucho menos quedarnos con sus votos, como maliciosamente apunta la carta que rebato. Lo único que pretendemos es preservar los principios y valores fundamentales de la democracia, que están muy bien recogidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y con ello deslegitimizar y reducir el respaldo social a los violentos. Justo lo contrario de lo que están consiguiendo con su Ley de Partidos y los autos del juez Garzón.

En la dictadura, en ausencia de democracia, a la gente, incluidos los socialistas y nacionalistas, se le condenaba por indicios, presumiendo su culpabilidad. En un Estado de derecho es inadmisible que no se presuma la inocencia y que se juzgue y condene sin pruebas contundentes. Y mucho menos cuando se conculcan derechos como los de libertad de expresión, asociación, reunión y manifestación. En el País Vasco, no le niego que haya privación de libertades, terror y amenazas por parte de los violentos, pero ahora es innegable que, partiendo del uso pernicioso de las instituciones democráticas, se está imponiendo un verdadero estado de excepción que atropella los principios y derechos fundamentales, y esto da argumentos, justificación y más votos a los proetarras.

Y mire usted, por mucho magistrado que sea (suspendió Batasuna por negarse a condenar el inhumano acto terrorista de Santa Pola y nada dice respecto al PP, que sigue sin condenar los crímenes de la dictadura franquista, o la señora Díez y otros del PSOE, que no sólo no condenaron, sino que vitorearon en Guadalajara a sus compañeros inculpados por el terrorismo de Estado del GAL), el señor Garzón no tiene autoridad para, mediante providencias, modificar su auto en el que dejaba en manos de los Parlamentos la decisión sobre los grupos de Batasuna, lo cual da la razón al Parlamento vasco cuando señala la nulidad de pleno derecho de la actuación de este juez prevaricador, según palabras de acreditados juristas de todos conocidos, quien debe respetar ese 'principio sagrado' de separación de poderes, no inmiscuirse ni arrogarse las competencias del Gobierno vasco y no dictar resoluciones -espectáculo para la galería- a sabiendas de que son carentes de base legal y, por tanto, injustas.