Trámites eternos para una pensión

El martes se le acabó la paciencia a Francisco Nogués. Después de 14 meses de espera, volvió a ponerse en contacto con la dirección territorial en Valencia de la Consejería de Bienestar Social y, por segunda vez, le dijeron que llamara un mes más tarde, que sus documentos no estaban aún tramitados y no había nada de lo de su hija. 'Y sin dar ninguna excusa', apunta.

El problema de Francisco, de 83 años, es el de su hija, Rosario, de 51. Y el de su hija son los ataques epilépticos y el trastorno paranoide crónico que padece, por los que ha solicitado una pensión de invalidez no contributiva. Desde pequeña, la medicación que tomaba había mantenido a raya la epilepsia. Pero hace unos cinco años, a raíz de la traumática separación con su marido, su equilibrio mental sufrió una importante embestida. Comenzó a padecer trastornos de comportamiento, ideas delirantes y paranoides. Ante la evidencia de que la situación no mejoraba, Francisco optó por comenzar los trámites para solicitar la pensión. Su hija ha tenido la suerte de que a los 83 años, se mantenga más que lúcido, si por ello se entiende que sea capaz de recitar el precio por acción de las principales empresas que cotizan en la Bolsa. Quizás por sus años de empresario y economista, o por el espíritu emprendedor que le llevó a hacer fortuna en Venezuela, Francisco mantiene un tesón que se refleja en el empeño que mantiene en obtener la pensión de su hija.

El primer paso consistió en solicitar el dictamen para medir el grado de minusvalía de Rosario. Después de dos meses de trámites, logró la documentación que acreditaba una minusvalía del 70%. Pero a partir de entonces, se complicaron las cosas. El 12 de julio de 2001 entró por registro la solicitud de la pensión y hasta ahora no hay novedades. Entonces, hace más de 14 meses le comunicaron que se olvidara de tener una respuesta hasta, como poco, un año. Francisco aguardó este plazo hasta que hace dos meses se puso en contacto con los funcionarios de la dirección territorial de Bienestar Social para interesarse por el proceso. Tampoco se había formalizado la solicitud. Le comentaron que quizás en un mes se sabría algo. Esperó 30 días, pero no sirvió de nada. La respuesta fue la misma después de este tiempo: 'llame usted en un mes y ya veremos'. Así hasta el martes. Francisco volvió a pulsar los números de teléfono de la dirección territorial de Valencia y una vez más, le dieron una nueva larga: 'A lo mejor en octubre ya tiene usted la pensión', recibió por respuesta.

El problema de Francisco y de su hija es el de miles de personas. De acuerdo con los últimos datos ofrecidos por Bienestar Social, en diciembre de 2001 había en toda la Comunidad Valenciana 4.114 personas pendientes de obtener una respuesta tras solicitar la tramitación de una pensión no contributiva. De ellos, 2.841 eran ayudas de invalidez, como la de Rosario. Las 1.273 restantes eran pensiones de jubilación. Pero lo peor no son los miles de ciudadanos que aguardaban una resolución, sino que la cifra de personas en espera ha crecido. Un año antes, había 3.151 personas, es decir 963 más en 12 meses, lo que supone un incremento de solicitudes pendientes del 30,5%.

La situación es especialmente delicada en la provincia de Valencia, donde se concentran 3.150 de las 4.114 solicitudes pendientes de toda la Comunidad, lo que supone el 76,5% de las peticiones que aún no se han tramitado. En Castellón y Alicante, las cifras se mantienen en el primer caso e incluso disminuyen a la mitad en el segundo.

El director general de Integración Social del Discapacitado, Francisco Reverte, admitió ayer los retrasos y señaló que se está poniendo remedio a esta situación. Comentó que se reforzó la plantilla existente en Valencia hace un mes para agilizar los expedientes en la provincia y apuntó que, en vista de que el aumento de trabajadores no ha acabado con la tardanza 'se contratará a más'.

Mientras tanto, Francisco seguirá esperando a que se resuelva el caso de su hija y así asegurarle una pensión que como mucho alcanza unos 250 euros al mes y que la Generalitat únicamente tramita, ya que el pago corresponde a la Administración central.