La Generalitat reservará un 5% de sus plazas para discapacitados

Rafael Blasco, consejero de Bienestar Social, sometió ayer al pleno del Consell un anteproyecto de ley del estatuto del discapacitado que prevé medidas de inserción social y laboral para las 300.000 personas, un 9% de la población de la Comunidad Valenciana, que padece algún tipo de discapacidad, según las estimaciones del Consell. El anteproyecto establece que la Generalitat reservará un 5% de las plazas de empleo público convocadas para personas que sufran algún tipo de discapacidad, hasta la fecha la reserva nunca superaba el 3%. También reserva un cupo del 3% para discapacitados en todas las ayudas destinadas al fomento de la formación profesional. El anteproyecto, que todavía debe remitirse al Consell Jurídic Consultiu, también prevé subvenciones para las empresas que asuman las normativas relativas a los discapacitados.

En materia de integración social, la Consejería de Bienestar apuesta, una vez más, la asistencia domiciliaria, la implantación de servicios de telealarma y teleasistencia y las ayudas económicas personalizadas para las personas discapacitadas.

El anteproyecto también aborda medidas educativas para favorecer la escolarización en escuelas públicas de los menores discapacitados y propone becas y otras ayudas para los discapacitados que accedan a estudios universitarios.

Ayudas a los sindicatos

La Consejería de Economía aprobó sendas subvenciones de 300.000 y 486.000 a las dos centrales sindicales mayoritarias para sostener cursos de formación profesional ocupacional y para la elaboración de estudios sobre empleo. Las ayudas aprobadas ayer están al margen del Pavace, el acuerdo pactado entre el Consell y los sindicatos para el fomento del empleo, cuya dotación debe quedar reflejada en los presupuestos.

La Consejería de Industria sometió al pleno un nuevo reglamento para las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos que recoge un manual de calidad y la obligatoriedad de que los técnicos y responsables del servicio sigan cursos de actualización para garantizar la solvencia de sus prestaciones.

El servicio de inspección de vehículos, que dependía del Sepiva, fue privatizado durante la pasada legislatura y las estaciones existentes en la Comunidad Valenciana fueron adjudicadas en cinco lotes. El nuevo reglamento indica que la demanda del servicio ha desbordado la capacidad de los puntos de atención y atribuye a la Consejería de Industria la potestad para aprobar nuevas instalaciones en territorio valenciano.

El pleno del Consell también aprobó el reglamento de la Acadèmia Valencia de la Llengua que regirá el funcionamiento ordinario de la nueva institución de la Generalitat, tras incorporar todas las consideraciones formuladas por el Consell Jurídic Consultiu.