Prohibido, pero poco

Un amigo mío de Madrid me contaba una vez de cómo creyó entender a los andaluces, a través de la siguiente anécdota. Había venido el hombre a Sevilla, en su coche, y se puso a buscar aparcamiento por los aledaños de donde tenía que realizar unas gestiones. Cansado de dar vueltas, paró un momento y requirió información, a su propósito, de un vecino que por allí pasaba. El ciudadano en cuestión se puso a otear el horizonte urbano y al cabo de unas cuantas dubitaciones dijo: 'Puede usted aparcar ahí', señalando un lugar obviamente vedado por una ostensible placa. 'Pero, oiga, ahí no se puede...', observó el madrileño. A lo que el sevillano replicó, impertérrito: 'Sí, está prohibido, pero poco'.

Algo así es lo que ha venido a decir el juez que ha decidido archivar el caso Isla Chica, en Huelva. Uno de los más flagrantes enjuagues urbanísticos de los últimos tiempos -ya es decir-, al señor Pasquau Liaño le ha parecido simplemente 'poco cuidadoso con la legalidad'. También opina que en casos así no ha lugar sanción penal alguna, 'a menos que esa ilegalidad fuese abrumadora, consciente y deliberadamente injusta'.

Otro amigo mío abogado, muy ducho en recovecos de la justicia, me ilustró hace tiempo en una taxonomía elemental de los distintos tipos de sentencias, para que yo, desde mi humilde oficio filológico, lo entendiera: 'Cuando una sentencia tiene muchos adjetivos y muchos adverbios, malo'. Las buenas sentencias son parcas en estas dos expansiones ornamentales del idioma. La del señor Pasquau desde luego es harto florida. Pues a la sazón, continúa: 'un muy considerable beneficio' es el que obtuvo la empresa Odeinsa, adjudicataria del pelotazo en cuestión (lo de pelotazo vayan anotándolo a la jerga futbolística, que aquí viene como anillo al dedo); y por más que hubo un 'concierto' entre miembros del equipo de gobierno y una entidad privada (la tal Odeinsa, manejada entonces por los tentáculos de Beneroso y luego, al parecer, compensada en otros negocios de la ciudad) no observa el magistrado que tal cosa constituya anomalía reprobable. Total, en ese tráfago de concomitancias, los ciudadanos de Huelva sólo han visto peligrar una estupenda zona verde, por la bonita cantidad de 2.700 millones de pesetas, que han ido a parar a un club de fútbol. Eso sí, el club, en la misma secuencia de juegos malabares, ha pasado a ser prácticamente de propiedad municipal, misión principalísima de los ayuntamientos, como nadie ignora. El juez aquí se ha limitado a insinuar que pudo haber habido, quién sabe, malversación de fondos. Pero entre su hojarasca verbal, el mismo magistrado, como base de su argumentación, señala que en tan disputado lugar no se ha construido vivienda alguna. ¿Quiere decir eso que no se puede construir? Parece lo más lógico, y ojalá. Desde luego, se empezó hablando de 900 viviendas, y ya van por 150. O sea, que en la última carambola de este retorcido entuerto, y por increíble que parezca, el alcalde Pedro Rodríguez se ha librado de la inculpación penal, pero los huelvanos, a través de la acción popular, han visto logrado su principal objetivo: retener para uso público la parcela, al menos en su mayor parte. El coche no había atropellado a nadie. Sólo estuvo mal aparcado, y no mucho.