Policías por doquier, cárceles abarrotadas

Hace poco más de un año, el 14 de julio de 2001, Jacques Chirac se dirigió a los franceses en términos severos: 'La inseguridad que sufrimos es insoportable'. Se mostró aún más dramático en febrero, al iniciar su campaña para la reelección: 'En Francia nadie está al abrigo, nadie se siente seguro', afirmaciones inquietantes en boca del presidente de un país de 60 millones de habitantes, que recibe cada año la visita de otros 76 millones.

Desde entonces, las cárceles se han llenado: 55.800 presos en agosto [en España hay 51.178] contra 48.400 un año antes; y el nuevo Gobierno conservador ha prometido 5.600 millones de euros a las fuerzas de seguridad y 3.650 millones a la Justicia, en un lustro.

Sarkozy se reúne cada mes con los jefes de policía de los barrios con más delincuencia

La población de las cárceles ha pasado en un año de 48.400 a 55.800 reclusos

La policía ha reforzado su presencia: patrullas de tres por el día, de hasta cuatro o cinco por la noche; permiso para usar pistolas con balas de goma, controles frecuentes. Dos millones y medio de robos y unos 18.000 coches quemados en un año justifican la sensación de inseguridad que la población experimenta.

¿La delincuencia actual es menor que la de hace un año? Según las estadísticas, en agosto hubo un 4,5% menos de denuncias que en el mismo mes de 2001, aunque en los suburbios de las grandes ciudades los delitos siguen aumentando.

Electoralmente, Chirac acertó. La politización de la inseguridad fue decisiva para barrer a la izquierda del poder. Le ayudaron la sensación de miedo generada por los atentados del 11 de septiembre, la rebelión en la Gendarmería (equivalente a la Guardia Civil), que protagonizó manifestaciones callejeras en uniforme y, en lugar de sanciones, logró concesiones del Gobierno de izquierda; y la coincidencia de crímenes particularmente odiosos, como la matanza de ocho concejales en Nanterre, una ciudad de mayoría comunista a las puertas de la capital.

Cultura del resultado

Ahora, todos los jueves por la mañana, el jefe de policía de París se reúne con sus adjuntos para escrutar los números de la delincuencia en un barrio. No se trata sólo de tener agentes, sino de vigilarles para que sean eficaces. El dinámico ministro de Interior, Nicolas Sarkozy, ha decidido convocar personalmente cada mes a los jefes de policía de los cinco departamentos con peores cifras, una 'cultura del resultado' que se traduce en un 15% más de detenciones al mes respecto a la misma época de 2001.

Claro que esto ha conducido al llenazo de los centros de detención. Lo había advertido Robert Badinter, el ex ministro socialista de Justicia, gran promotor de la abolición de la pena de muerte: '¿Dónde piensan ustedes encerrar a tantos?', preguntó al Gobierno en el Parlamento.

Ya se ha producido la primera bronca penitenciaria y, por cierto, ETA está de por medio, a cuenta de la fuga veraniega de Ismael Berasategi, que se dio el cambiazo con su hermano sin que la investigación efectuada haya encontrado fallo alguno: los vigilantes estaban en su sitio y las medidas de seguridad se cumplieron (¡menos mal!), según el informe oficial. A esa evasión sin culpables siguieron el descubrimiento de explosivos en una celda y otro par de fugas. Algo nervioso, el ministro de Justicia, Dominique Perben, se ha puesto a destituir a directores de cárceles.

¿Quizá son demasiados presos para los mismos vigilantes, como dicen los sindicatos? El ministro lo niega. En Francia hay menos posibilidades de acortar el cumplimiento de las penas y de obtener permisos. Los juicios rápidos existen, pero la voluntad del Gobierno es que sean inmediatos para la pequeña delincuencia; así ha justificado el proyecto de nombrar 3.300 jueces no profesionales, llamados 'de proximidad', una iniciativa protestada por los magistrados profesionales.

Se considera políticamente incorrecto reconocer que muchos de los pequeños delincuentes son hijos de inmigrantes, casi todos franceses a efectos legales. Por eso no hay medidas contra 'extranjeros', sino 'centros de reeducación' para menores y la posibilidad de encarcelar a los que cumplan 13 años de edad.

La tarea de construir prisiones y centros de encierro de menores es tan ingente que el primer ministro, Jean-Pierre Raffarin, ha juzgado necesario especializar en ello a un miembro de su Gobierno, a título de encargado de 'Programas Inmobiliarios de la Justicia'.

Los tradicionales defensores de los derechos humanos se muestran preocupados, pero su inquietud no tiene el eco de antaño. En un país que ha temido verse en manos de la ultraderecha, las medidas de la derecha apenas han sido cuestionadas.

El ex ministro Badinter ha volcado su prestigio en exhortar al Gobierno a no encaminarse 'hacia una política carcelaria para los menores, cuyos frutos serían amargos'. Pero cuesta descubrir entre los intelectuales de hoy a un Víctor Hugo que proclame, alto y fuerte: 'La police partout, la justice nulle part' (la policía por todas partes, la justicia en ninguna).