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Un juez reconoce en un auto que no puede cumplir los plazos procesales

Un juez de Torremolinos admite en un auto que la falta de medios le impide cumplir los plazos procesales establecidos por la ley, provoca retrasos 'inadmisibles' y no permite prestar el servicio que el ciudadano 'tiene derecho a recibir'. Ese auto, dictado el 31 de julio pasado por el titular del Juzgado de instrucción número 6 de Torremolinos, José Antonio Ruiz, era respuesta a un recurso presentado por un despacho de abogados contra el señalamiento de un juicio por desahucio fuera del plazo que marca la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). Mediante un auto anterior, el magistrado había fijado la vista para el 19 de diciembre, cuando la LEC establece que desde la citación el plazo no puede exceder de 20 días.

La respuesta del juez se convirtió en una denuncia sobre el estado de la justicia. Ruiz reconoce que los letrados llevan razón y que con el señalamiento se incumple lo dispuesto por la LEC: 'En pura ortodoxia procesal, no le falta razón al recurrente'. Pero a continuación añade que 'la situación de las instalaciones, número de funcionarios y cargas competenciales de los juzgados en general y de los juzgados mixtos de Torremolinos en particular, distan mucho de ser las adecuadas y proporcionadas para poder dar cumplimiento a los plazos establecidos en la Ley procesal'. Como ejemplo, cita que ya está fijando juicios para febrero de 2003.

Además, incide en que el primero en padecer esas carencias es él mismo, que debido a que comparte la única sala de audiencias con otro juzgado de la localidad, sólo dispone de ella diez días laborales al mes, lo que motiva retrasos en los señalamientos. El magistrado abunda en que la falta de medios le obliga a 'reservar días' para la toma de declaraciones en procedimientos penales, a practicar diligencias fuera de la sede judicial y a dictar sentencias y recursos en su domicilio particular y por la tarde. 'Dichas cargas de trabajo, cuando se han de despachar anualmente en cualquier juzgado de Torremolinos más de 5.000 asuntos penales y más de 500 civiles, da una idea de la dedicación que se ha de prestar y de la absoluta imposibilidad material de cumplir los plazos procesales', sostiene.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 15 de septiembre de 2002