Un técnico municipal, imputado por supuestas anomalías urbanísticas

La citada recalificación es fruto de un convenio que el Ayuntamiento firmó en 1997 con promotores privados, a los que cedió suelo público. La compraventa de una de esas seis parcelas permitió al constructor y ex presidente del Real Madrid Lorenzo Sanz ganar más de un millón de euros en un solo día. El juez Eduardo Jiménez-Claveria, del juzgado 36, investiga una denuncia según la cual en la recalificación de esos terrenos se cometieron delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental, contra la ordenación del territorio y malversación de bienes públicos.

La denuncia revela que se ha especulado con parte de los terrenos recalificados y que ello ha redundado en el precio final, al alza, de las casas. Parte de los terrenos que se investigan fueron cedidos por el Ayuntamiento a varias promotoras a cambio de que éstas edificasen casas baratas.

El juez ha citado como imputado, para el día 21 de octubre, a Julio César Santos, jefe de la sección jurídica adjunto al departamento de disciplina urbanística del Ayuntamiento. Según la denuncia, Santos fue el técnico municipal que informó favorablemente de la licencia de ocupación de uno de los edificios construidos por Carlos Pinilla, promotor y también imputado en estas diligencias. Santos figura en el registro como comprador de una de las viviendas del citado edificio, que supuestamente adquirió a un precio inferior al del mercado, siempre según la denuncia.

Las pesquisas no se cierran

El juez también ha citado, para el 22 de octubre, en principio como testigo, a Ana Perpiñá Carrera, directora de servicios para la gestion privada de la Gerencia de Urbanismo. Y ese mismo día también deben de comparecer ante el juez tres técnicos de la Comunidad de Madrid, los mismos que han dictaminado que tales recalificaciones de parcelas fueron contrarias al Plan General porque no se había efectuado previamente la preceptiva modificación puntual de dicho plan.

El imputado Pinilla había pedido al juez que archivase las diligencias por entender que las actuaciones urbanísticas se ajustaron a la legalidad. El juez ha rechazado esta petición y, según explica en un auto fechado el pasado 6 de septiembre, proseguirá con las pesquisas. Entre otras razones, el juez se basa en un escrito que ha presentado la fiscalía de delitos económicos de Madrid, que coordina Carlos Saiz, en el que ésta se opone al sobreseimiento del caso al entender que 'existen indicios de infracción penal' y que los hechos investigados pueden constituir 'delitos de prevaricación, falsedad y contra la ordenación del territorio'.

El juez ha pedido ya explicación sobre los hechos al concejal de Urbanismo, Ignacio del Río, y al gerente de Urbanismo, Luis Armada. Éstos aseguran que la operación se ajustó 'a la legalidad urbanística'.